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Ante una justicia fallida, el disgusto social, la inseguridad ciudadana, el colapso del sistema de salud, las precariedades de la educación y de los servicios básicos, el movimiento social de la república tomó la sartén por el mango y el pasado 22 de enero propinó un golpe de efecto con el montaje de la “Marcha contra la Impunidad y la Corrupción”, la cual, entre otras consigna, exigió al presidente Danilo Medina que en materia de justicia enderece el rumbo que lleva el país.
La Marcha del miedo perdido fue la de los de abajo, la de los pendejos de Arturo Uslar, la de los que están fuera del poder, la de los que no devengan sueldos lujosos, la de los que no viven en palacetes, la de los que no poseen aviones para trasportarse, la de los que no reciben salarios sin trabajar.
Fue un golpe de las masas irredentas del país parar detener las bellaquerías, desmanes y tropelías de muchos tribunales, que se han convertidos en protectores de indelicadezas.
Fue la manifestación de los impotentes e indignados en contra de la impunidad y la burla, con la que se ha enviado un directo mensaje al partido de gobierno, el que a partir de ahora está obligado a enderezar la trayectoria de su gestión.
No debe ser secreto y mucho menos sorprender a los oficialistas, porque a partir de ahora las acciones de los grupos de la sociedad civil continuarán en la dirección de exigir transparencia en el manejo de los asuntos de justicia.
La movilización espontánea del pasado 22 de enero abrió el apetito de la lucha y la movilización y un alerta a la andanada de mentiras, a la avanzada mediática y a la entente corrupta presente en la actual administración.
Aunque no fue directamente contra la administración que encabeza el presidente Medina, la marcha debe poner a reflexionar a peledeístas cuyo único pensamiento es mantenerse en el poder político.
No puede permanecer en el gobierno un partido de mentiras, irreal, que no resuelve, creador de percepción y falsa alarma, populista, clientelar y, por demás, encubridor de corruptela.
