La ley mordaza: preguntas que el gobierno no puede evitar

Los dominicanos dentro y fuera del país observan con creciente preocupación el debate sobre la llamada Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Lo que el gobierno presenta como una modernización legal, muchos ciudadanos lo perciben como una iniciativa inoportuna en medio de una acumulación de problemas nacionales que siguen esperando respuestas.

La controversia no surge únicamente por el contenido de la ley. Surge por el contexto político en el que aparece. La confianza pública no existe en el vacío. Se construye o se pierde en función de los resultados, la transparencia y la credibilidad de quienes gobiernan.

El PRM llegó al poder prometiendo transparencia, institucionalidad, rendición de cuentas y una ruptura con las prácticas políticas tradicionales. Sin embargo, varios años después, una parte importante de la ciudadanía percibe una distancia creciente entre aquellas promesas y la realidad.

Mientras el país debate esta ley, continúan presentes en la conversación nacional temas como las controversias sobre Senasa, el crecimiento de la deuda pública, el alto costo de la vida, la crisis migratoria, los cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas, las controversias administrativas en distintas instituciones públicas, los procesos judiciales e investigaciones de extradiciones que involucran a figuras del ámbito político nacional del partido oficialista por narcotráfico, las reformas políticas pendientes, los problemas de seguridad ciudadana y las tragedias nacionales que han generado reclamos de supervisión y responsabilidades institucionales.

También persisten debates sobre la calidad de los servicios públicos, la capacidad de respuesta del Estado ante las necesidades de la población y la sensación de que muchas de las promesas que impulsaron el cambio político todavía no han sido plenamente cumplidas.

Por eso muchos dominicanos se hacen una pregunta sencilla: ¿era esta la prioridad nacional más urgente?

¿Necesitaba el país un nuevo organismo regulador vinculado a la comunicación pública cuando existen tantas preocupaciones pendientes que afectan directamente la vida de millones de personas?

La democracia no se fortalece cuando el poder pide confianza ciega. Se fortalece cuando acepta preguntas incómodas, responde con transparencia y entiende que el cuestionamiento ciudadano es parte esencial de la vida democrática.

No afirmo que esta ley haya sido diseñada para silenciar debates o desviar la atención pública. Pero sí entiendo por qué muchos ciudadanos observan con desconfianza una iniciativa de esta naturaleza en un momento donde existen tantos temas reclamando explicaciones y respuestas.

Los dominicanos tienen derecho a hablar de Senasa. Tienen derecho a debatir la deuda pública. Tienen derecho a cuestionar la gestión gubernamental, las políticas migratorias, la transparencia institucional, las reformas electorales y cualquier asunto de interés nacional.

Ese derecho no pertenece al gobierno. Pertenece a los ciudadanos.

Y precisamente por eso toda legislación relacionada con la libertad de expresión debe superar el más riguroso examen público. No basta con afirmar que una ley protege derechos. También debe generar confianza en quienes serán afectados por ella.

El problema para el PRM es que esta iniciativa llega en un momento en que la credibilidad gubernamental enfrenta uno de sus mayores desafíos. Cuando la confianza disminuye, cada nueva propuesta es observada con mayor escepticismo.

Quizás la verdadera discusión no sea únicamente sobre el texto de la ley. Quizás la verdadera discusión sea por qué tantos dominicanos, dentro y fuera del país, sienten la necesidad de defender con tanta firmeza su derecho a cuestionar al poder.

Porque cuando la ciudadanía comienza a temer que sus libertades puedan ser condicionadas, la responsabilidad de despejar esas dudas corresponde siempre al gobierno, nunca a los gobernados.

eepinedacarrasco@gmail.com

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