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La infanta Cristina será juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales imputados a su marido, Iñaki Urdangarin, por haber defraudado presuntamente cerca de 340.000 euros de IRPF en las declaraciones de 2007 y 2008. El juez instructor, José Castro, ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra 17 acusados, entre ellos, la hermana del rey Felipe VI, a la que le ha impuesto además una fianza de 2.697.150 euros.
El auto no es recurrible según recuerda el propio instructor, que sienta a la infanta en el banquillo en contra del criterio del fiscal Anticorrupción. Pedro Horrach había pedido el archivo de la causa contra la infanta aunque la consideraba responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado presuntamente del dinero desviado a Aizoon, la empresa que compartía al 50% con su marido.
Castro ha incluido a la infanta como acusada junto a Iñaki Urdangarin, al exsocio del duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de este, Ana María Tejeiro, y al expresidente balear Jaume Matas, entre otros.
El caso Nóos es una pieza separada del caso Palma Arena que ha investigado el presunto desvío de seis millones de euros públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos, puesto en marcha por Urdangarin y Torres.
El auto sobresee las actuaciones contra el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el ex director general de la Fundación Madrid 2016 Miguel de la Villa Polo y el ex director financiero de esta entidad Gerardo Corral.
El «hipergarantista» Castro
Castro defiende la acusación de la infanta en su auto de 169 páginas, en el que asegura que «si algún reproche cabría hacerle» es el de haber sido «hipergarantisa».
«Pocas o, más bien ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada -cosa distinta es que lo haya sido a gusto de todos- como la de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia», señala el instructor.
La imputación de la infanta a lo largo del proceso, continúa Castro, ha sido consecuencia de las diligencias practicadas y «no de ningún enfermizo empecinamiento» del juez.
Según informa el TSJ de Baleares el caso Nóos será remitido a la Audiencia de Palma para celebrar el juicio. Según las mismas fuentes, el juez cierra el auto señalando que contra esta resolución no cabe recurso alguno pudiendo los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.
El juez fija un plazo de 30 días para que los acusados presenten sus escritos de defensa.
