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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), propone una refundación desde cero del sistema judicial dominicano, propiciando la elaboración de un diagnóstico que trace la ruta crítica de la reingeniería, que tanto a nivel político como jurídico y constitucional deberá verificarse para consensuar los impostergables cambios que tendrán que operar en el camino al rescate del sector justicia en el país.
La entidad cívica mediante declaraciones de prensa de su Presidente, Trajano Potentini, aseguró que el Poder Judicial atraviesa la mayor crisis de credibilidad de que se tenga noticia desde su fundación hasta la actualidad, lo que sin lugar a dudas nos invita a repensar todo nuestro esquema judicial.
Potentini afirmó que no se trata de percepciones, sino de un constante y desviado accionar de los encargados de dirigir el sistema judicial, incluyendo no solamente a los jueces y los abogados, sino también al ministerio público y las fuerzas del “orden”, cuya participación en hechos ilícitos resulta particularmente nociva para la sociedad.
“Es tiempo de hacer una auditoría profunda de los casos resueltos por jueces y fiscales” –refirió el declarante- “como forma de establecer mecanismos de seguimiento de las actuaciones de esos funcionarios.
Lo más grave es –a juicio de Potentini- que el problema no es de las llamadas “Altas Cortes”, ni de los empleados de menor nivel de uno u otro tribunal, sino que se trata de un problema sistémico, de una generalizada y perniciosa connivencia entre jueces, fiscales, autoridades policiales y militares, abogados y empleados.
Identificó como una preocupante manifestación del problema que la gente tienda a pensar que hechos deplorable como el de La Romana, ocurrido recientemente, sea asimilado no como un hecho aislado, sino como “manifestaciones específicas de un sistema judicial corrupto en el que prima el beneficio económico particular”.
Finalmente la FJT resaltó la necesidad de impulsar una ley de prevaricación judicial, para lograr con ello el dotar a las instancias correspondientes de las herramientas necesarias para frenar esta carrera hacia el desastre en la que se ha convertido la función judicial dominicana”.