SANTO DOMINGO.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) alertó sobre los riesgos de lo que definió como creciente endeudamiento público de la República Dominicana y gastos «sin control» y de baja calidad en el Estado.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de dicho gremio, manifestó que la República Dominicana debe mirarse en el espejo de Puerto Rico y Grecia, donde el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el «endeudamiento alegre» han sacudido los cimientos de su economía con graves secuelas para la estabilidad social.
Sostuvo que «en República Dominicana existe una espiral de endeudamiento para responder la demanda de financiamiento del gobierno en un contexto de debilidades fiscales, determinadas por una baja presión tributaria, más el despilfarro y la poca transparencia en algunas instituciones públicas».
Taveras Guzmán clamó por la aprobación urgente de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la creación de un mecanismo de consenso en torno a los nuevos préstamos, para «identificar las inversiones y los flujos de caja que van a capital e intereses sin caer en los vicios cíclicos de endeudarnos para pagar intereses de deudas anteriores».
«Es un crimen contra de las generaciones futuras seguir tomando préstamos sin una visión de desarrollo, sin objetivo claro de inversión y solamente para cerrar temporalmente huecos fiscales de pasadas administraciones financieramente desordenadas y sin transparencia». indicó en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.
Señaló que, «en poco tiempo, la deuda pública pudiera comenzar a transitar el camino de la insostenibilidad, ya que representa entre el 45% y el 50% del PIB cuando se suman todas las obligaciones del sector público, incluyendo los pasivos del Banco Central».
«Además, alrededor del 40% del presupuesto nacional y el mayor porcentaje de las recaudaciones fiscales se utilizan para pagar fundamentalmente intereses, lo que impacta negativamente en el gasto social del Gobierno», agregó.
La AEIH pidió al presidente Danilo Medina que no permita que el Gobierno reedite el error del pasado reciente de incurrir en déficit presupuestario ilegal y abusivo para mostrar avances en construcción de infraestructura y sacar provecho político.
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