Aquí se vive hablando hasta la saciedad de que todos los ciudadanos y ciudadanas están en el deber de cumplir y respetar las leyes y la Constitución dizque con la finalidad de garantizar una convivencia pacífica y civilizada entre gobernantes y gobernados.
Llega hasta hastío la cantaleta de ciertos sectores y colectivos de diferentes litorales, empresariales, profesionales o sociales, de proclamar a los cuatro vientos de que constituye una necesidad imperiosa vivir bajo un régimen institucional fuerte basado en el cumplimiento y respeto a las leyes y la Constitución de la República .
Sin embargo, cuando se observa la dinámica social cotidiana en que se desenvuelve la nación dominicana hay que concluir que este anhelo de respeto, al parecer, para ciertos sectores no es más que una quimera o un aspiracional. A que vienen estas reflexiones?. Veamos.
Un grupo de empleados, jóvenes en su mayoría, de empresas Call Center vienen denunciando desde hace meses, abusos y violaciones en sus lugares de trabajo que van desde descuentos por el tiempo que no están en el teléfono por ir al baño o por ir a almorzar, el incumplimiento de las normas de maternidad, maltrato verbal, despidos abusivos, acosos, variación en las entregas de las comisiones, violación a la Ley de Seguridad Social y nadie dice nada.
Otra de las situaciones violatoria a la dignidad humana y el ordenamiento jurídico dominicano que se vienen produciendo, según denuncia que reseñan los medios de comunicación, es que un grupo de trabajadores que laboran como empacadores en grandes supermercados son maltratados por sus propietarios ya que no poseen un “sueldo fijo y son despedido cada dos meses como si fueran basura”.
Resulta inaceptable que en este país se estén tolerando barbaridades como estas y todo pase como algo normal o como si hubiera una especie de resignación absurda a algo que viene lacerando la vida institucional dominicana.
Como es posible aceptar, los abusos, atropellos, violaciones a los derechos humanos y a las leyes dominicanas de parte de empresas extranjeras y nacionales contra empleados y trabajadores criollos y no se produce ninguna reacción de un organismo competente. ¡Es inaceptable este abuso contra los jóvenes!
JPM

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