Gobierno de Haití ha establecido una unidad de seguridad electoral
Puerto Príncipe, 24 mar.- El Gobierno de Haití estableció una unidad de seguridad electoral ante la cercanía de los comicios generales y mientras crecen los secuestros y asesinatos, anunció hoy el ministro delegado Mathias Pierre.
La célula está integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuya función es planificar todo lo relacionado con la seguridad electoral, incluida la logística, explicó el funcionario a una radio local.
Los sufragios programados para septiembre próximo deben renovar al Ejecutivo, legisladores y gobernantes locales, sin embargo, reciben el rechazo de partidos opositores y plataformas de la sociedad civil, para los cuales el mandato del presidente Jovenel Moïse venció en febrero pasado, por lo que su Gobierno es ilegítimo.
Además de las elecciones, las autoridades organizan un referendo constitucional para el 27 de junio próximo, que de aprobarse modificará el régimen parlamentario, eliminará el Senado y regresará los derechos políticos de los emigrados.
Todo ello en medio del recrudecimiento de la inseguridad, responsable de un centenar de secuestros en los primeros dos meses del año, y el fortalecimiento de las bandas armadas, que controlan amplias zonas de la capital.
Una operación antipandillas a mediados de marzo cobró la vida de al menos cinco policías y causó lesiones a otros ocho, mientras los delincuentes que operan en Village de Dieu, barrio pobre en la entrada sur de Puerto Príncipe, confiscaron armas, municiones y hasta dos camiones blindados de las fuerzas del orden.
En este contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó este miércoles «profunda preocupación por las prolongadas crisis políticas, constitucionales, humanitarias y de seguridad en Haití» y reiteró la responsabilidad primaria del Gobierno en «afrontar los factores que están en la base de la inestabilidad».
Sus miembros celebraron la urgencia de celebrar las elecciones legislativas «libres, equitativas y transparentes», retrasadas desde 2019, y urgieron al Ejecutivo a afrontar el deterioro de la seguridad, incluidas las actividades criminales de las bandas, el aumento de los raptos, los homicidios y las violaciones.
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