Frenar los privilegios de los legisladores

POR MARINO CEDEÑO CHALAS

No me queda más, solo que decir que asco, cuando escucho y veo el programa que realiza semanalmente la periodista Alicia Ortega, El Informe, donde da cuenta de la manera más burda como los “congresistas” dominicanos hacen uso del dinero público de manera personal y discrecional, en perjuicio de los diferentes sectores sociales menos favorecidos con las riquezas que el Estado Dominicano debe distribuir de forma equitativa e igualitaria.

Es indignante ver como los señores legisladores hacen uso de casi 400 millones de pesos al año para, supuestamente, repartir entre sus representantes en sus localidades, cosa que no es así, según el Informe, en investigaciones realizadas al azar entre algunos senadores, ese dinero reportado al Congreso como distribuido no es realmente entregado a las personas indicadas, según denunciaron los propios afectados.

Causa mucho malestar cuando el ciudadano sabe que quienes están llamados a protegerlo son quienes, precisamente, les roban sus recursos, les quitan lo que el Estado está obligado a garantizarles, los servicios públicos, como educación de calidad, alimentación, transporte, recreación sana y limpia, salud de calidad, seguro médico gratuito, hospitales bien equipados y con profesionales idóneos.

La sociedad dominicana está solicitando la desaparición de los privilegios que tienen los congresistas, entre ellos el llamado barrilito, las exoneraciones de vehículos para los legisladores que ellos, a su vez, negocian con particulares, así como otros tipos de uso irregular que hacen con el dinero público, entre esos está el día de las madres, la semana santa con las habichuelas con dulce, día de Reyes, etc.

Estamos hablando de una cosa insólita, desmoralizante para nuestra sociedad, e incluso, en el ámbito internacional no entienden cómo un Estado se puede manejar de esa manera tan abusiva y bochornosa, y sobre todo en una sociedad donde la pobreza ronda entre un 40 y 48 por ciento de su población. Repito, es indignante, abusivo, discriminatorio y, sobre todo, no es ético para los propios congresistas que dicen representarnos.

Ví en el periódico impreso Diario Libre, donde una buena parte de los senadores expresaron su disposición a renunciar a las exoneraciones, el barrilito, e incluso, que se quiten todos los privilegios que tiene un grupo de la sociedad, como son los funcionarios públicos, los jueces, fiscales, empresarios y muchos otros de la administración pública, además, que los sueldos de los funcionarios no sean mayor al del presidente de la República.

Estamos totalmente de acuerdo que todos los privilegios de legisladores y funcionarios sean quitados, erradicados para siempre de encima de los hombros de sus ciudadanos.

Los dominicanos tenemos que exigir la eliminación de estos privilegios que generan desigualdad social, irritación colectiva, y descontento generalizado que pueden provocar inestabilidad política y violencia social sin precedentes.

Enhorabuena señores representantes de la sociedad dominicana. Hay que adecentar la administración pública y la política en nuestro País. Este es el momento de frenar las injusticias sociales, la discriminación y el abuso de parte de quienes están llamados a defendernos y protegernos.

Una sociedad de privilegios para unos pocos, es también una sociedad de discriminación para la mayoría.

JPM