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SANTO DOMINGO (EFE).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) presento este viernes una propuesta de ley para modificar el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de modo que permita juzgar a los menores como adultos, con penas de hasta 30 años, por la comisión de crímenes graves.
Para la entidad de sociedad civil el Código del Menor es «anacrónico» y está «fuera de época y contexto» por establecer penas máximas de sólo 5 (hasta 8 años en casos excepcionales), «resultando indiscutible y perentoria la necesidad de castigar hechos tan graves como los que están cometiendo los menores de edad», señaló el presidente de FJT, Trajano Potentini, en rueda de prensa.
Esto, en referencia a sucesos como el asesinato de la niña Yaneisy Rodríguez, de 4 años, a manos de un adulto y un adolescente, quienes abusaron sexualmente de la menor, la golpearon hasta la muerte y tiraron su cuerpo a un vertedero de la comunidad Barranca, municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago.
Situaciones como esa obligan a las autoridades «a crear medidas excepcionales como repuestas sociales que permitan determinar e imponer sanciones penales a menores de edad», señaló el líder de la organización.
Potentini precisó que la legislación internacional permite a los estados adoptar medidas contra menores que hayan infringido las leyes penales y se refirió a la experiencia comparada decenas de países tienen penas a partir de los de 15 años.
La propuesta de ley plantea que, de manera excepcional y ante la comisión de crímenes y delitos graves (sicariato, asesinato, robo con violencia, violación sexual, secuestro, terrorismo, y narcotráfico) por parte de menores con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años puedan ser habilitados como adultos por una comisión multidisciplinaria para que se les juzgue como tales.
Ese comité estaría compuesto por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un representante del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y un representante del Ministerio Público que, previa evaluación, determinen la capacidad mental y psicológica de los menores y se les puedan aplicar penas acordes a los crímenes comtidos.
Además, el proyecto procura que el Estado construya centros de rehabilitación especializados para esos menores en conflicto con la ley penal, garantizándole su rehabilitación y reinserción social.
Finalmente, la FJT anuncio que se involucrara y dará seguimiento al expediente penal por el crimen de la niña de Santiago, procurando que llegue hasta las últimas consecuencias, incluso constituyéndose como actores civiles en el proceso.
