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Puerto Príncipe, 5 oct (Prensa Latina) El fiscal de la capital haitiana, Jacques Lafontant, pidió una tregua a los manifestantes para reanudar las audiencias civiles que permitan disminuir la sobrepoblación en las cárceles que hoy operan al cuádruple de su capacidad.
Más del 90 por ciento de los prisioneros de Haití nunca comparecieron ante jueces y muchos no tienen acceso a abogados, un fenómeno que se agravó por los prolongados periodos de crisis en el sistema judicial, huelgas de sus empleados y disturbios sociales.
Ante este escenario, Lafontant pidió una tregua de al menos 20 días de las protestas que desde finales de agosto sacuden al país contra el desabastecimiento de los combustibles y el posterior aumento de sus precios, además de criticar la inflación, inseguridad y altos costos de los insumos y servicios básicos.
Durante ese periodo, el procurador se comprometió a trabajar con el decano del tribunal civil de primera instancia de Puerto Príncipe, Bernard Saint-Vil, para organizar audiencias civiles y correccionales, además de examinar los casos de presos en prisión preventiva prolongada.
También solicitó al Colegio de Abogados de esta capital liquidar los casos pendientes para que sean respetados los derechos de los detenidos.
Los centros penitenciarios del país enfrentan una grave crisis acentuada por la sobrepoblación, malas condiciones, falta de acceso a alimentos y agua, lo cual provocó un centenar de muertes en lo que va de año, de acuerdo con un informe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas.
En los últimos meses creció la cifra de fallecidos en las prisiones por inanición y limitada atención médica.
El caso más reciente fue denunciado por la estatal Oficina de Protección del Ciudadano que criticó la muerte de 12 reclusos del 23 de agosto hasta el 27 de septiembre en prisiones de Les Cayes, Saint Marc, Jeremie, Fort Liberté, Jacmel, Petit-Goâve y Puerto Príncipe.
La organización estimó que el hacinamiento es una de las causas principales de esta «caótica» situación, además del uso de la prisión preventiva prolongada, asociado a la incapacidad de las autoridades judiciales de asumir sus responsabilidades y cumplir con los plazos previstos.
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PL-29