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WASHINGTON.- La Administración de Donald Trump ordenó a las embajadas de Estados Unidos que «tomen nota» de aquellos países cuyas autoridades promuevan o financien los abortos, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o las políticas de diversidad, entre otras cuestiones.
Estas son las nuevas directrices del Departamento de Estado para los diplomáticos a la hora de elaborar los informes sobre la situación de los derechos humanos en sus países de destino.
«En los últimos años, nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos», dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
NO PERMITIRA IMPUNIDAD
Piggot subrayó que la Administración de Trump no permitirá que «queden impunes» prácticas como «la mutilación de niños, las leyes que infringen la libertad de expresión y las políticas laborales que discriminan por raza».
Según fuentes del Departamento de Estado, las embajadas deberán reportar las subvenciones estatales a abortos o fármacos abortivos, así como el número total de interrupciones voluntarias del embarazo en el país en cuestión.
También aquellas políticas de «afirmación de la diversidad, la equidad y la inclusión» que promueven la discriminación positiva por raza, sexo o clase social.
EUTANASIA Y CAMBIO DE SEXO
Deberán señalar cualquier intento de «coaccionar a las personas» para cometer eutanasia, así como los procesos de cambio de sexo a menores, que el Departamento de Estado califica como «mutilación química o quirúrgica».
Además de las investigaciones contra la libertad de expresión; las violaciones a la libertad religiosa, con énfasis en el antisemitismo; y aquellas prácticas que faciliten la «migración masiva o ilegal» a través del país en cuestión hacia otro país.
Estas nuevas directrices se enmarcan dentro de la batalla ideológica impulsada por Trump contra lo que llama el «wokismo», como califica a los pensamientos progresistas o no conservadores.
El último informe elaborado por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el pasado agosto, omitió las secciones habituales en años anteriores dedicadas a los derechos del colectivo LGTBI o a la corrupción.
