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ESPAÑA.- El Tribunal Constitucional español suspendió este jueves (05.10.2017) cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el próximo lunes con el argumento de que si se declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una «aniquilación» de los derechos de los diputados.
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el próximo día 9 ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente una declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya la coalición de gobierno de centroderecha y republicanos de izquierda Junts pel Sí, aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
Los socialistas catalanes (PSC) presentaron hoy el recurso, en el que se advierte que convocar el pleno supone «ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» sobre la Ley del Referéndum.
Dicha ley, aprobada el pasado 6 de septiembre y suspendida por el Constitucional, dice que en caso de victoria del sí en el referéndum independentista «dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria (la Cámara) para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña».
Un referéndum plagado de irregularidades
En esa consulta, declarada ilegal y suspendida por el Constitucional español, participaron 2,2 millones de personas, sobre un censo de 5,3 millones (42 %), y el 90 % de los votos fue a favor de la independencia, según señaló el Gobierno regional de Cataluña respecto a una consulta que estuvo plagada de irregularidades.
Entre esas anomalías hubo votaciones en la calle, la implantación de un censo universal poco antes de que se abrieran los centros electorales o la posibilidad de votar aunque fuera sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su propia Ley del Referéndum, suspendida por el TC.