El transporte y su control legal. Ley 63 – 17

A más de un año y medio de la promulgación de la Ley 63 – 17 por parte del Presidente Danilo Medina, el 21 de Febrero del 2017, luego de ser
aprobada  en la Cámara de Senadores el día 8, y en la Cámara de Diputados el día 10 del mes antes citado, podemos ver, de acuerdo a la situación
presente de las condiciones del transporte en sentido general, y público en particular, que con la aprobación y promulgación de esa ley no se ha podido
conseguir la solución del caótico sistema de transporte en la República Dominicana, pues los funcionarios designados para la implementación de la misma no han entendido que las leyes se aplican de acuerdo a su mandato, y no en base a acuerdos con los afectados por su aplicación.

Por nuestra experiencia de más de 27 años trabajando en el sistema de transporte colectivo de la ciudad de Nueva York, el más grande del mundo,
del cual nos retiramos como supervisor del servicio de autobuses para pasajeros a principios del año pasado, nos podemos dar cuenta, al hacer algunas comparaciones, que la falta de criterios fundamentales en el transporte de pasajeros, entre los oficiales gubernamentales encargados de regularlo, incluyendo el ofrecido por la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), y los empresarios dueños de los “sindicatos” de choferes que ofrecen el servicio, es la principal razón por la que el usuario no goza de un servicio de calidad permanente.

Entre las principales deficiencias de la calidad del servicio está la focalización de que este es un transporte de “masas”, y que las “masas” son los
pobres infelices de los barrios pobres, quienes, aunque votan cada cuatro años, no tienen voz en ninguno de los estamentos del estado ya que allí
nadie los representa.  Este enfoque influye en la responsabilidad de los que tienen a cargo la operación y la calidad del servicio, por lo que se afecta
la satisfacción personal de los usuarios y aleja la posibilidad de que las clases media y media alta se motiven a la utilización del servicio. y es que hay
que entender que realmente el transporte se denomina «transporte colectivo”, lo que significa gran cantidad de pasajeros simultáneamente.

Hace varios años escribimos un artículo de opinión donde nos referimos a la responsabilidad del gobierno en garantizar el transporte publico, y nos basamos en que con la garantía gubernamental del transporte, aunque sea subsidiado, el gobierno garantiza el desarrollo integral de la sociedad,
pues sin transporte permanente y adecuado, todos los ciudadanos enfrentarían dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo.  Recuerden que
todo el que trabaja paga impuestos por su salario; adquiere poder de compra de productos tasados con impuestos conocidos como “itbis”; paga los
servicios de agua y luz, que representan ingresos para el estado; y así podemos describir otros consumos de bienes y servicios afectados por el pago
de impuestos que sólo se lograrían con el permanente ingreso de salarios.

Es necesario que se aplique la ley 63 -17 para poder lograr mejorar la calidad y garantía del transporte colectivo en nuestro país, pero es también necesario que se conforme un equipo de experimentados profesionales en el reordenamiento del mismo.  Un ingeniero de desarrollo vial, conoce
sobre la fabricación de carreteras, túneles y elevados que facilitan en tránsito vial y su flujo adecuado; pero para establecer un sistema de transporte,
principalmente colectivo para el uso diario de los seres humanos que tienen que desplazarse a su lugares de trabajo, escuelas, citas medicas y otras
necesidades y obligaciones, hay que conocer de la forma en que se debe operar el mismo.  Busquemos quien lo pueda dirigir.

silvanordny@aol.com