El Defensor del Pueblo no es un filántropo ni un “chapulín colorado”

El momento es clave para poner en marcha las normativas que requiere la oficina de la Defensoría del Pueblo para ejercer la autoridad que le confiere la Constitución.

El Defensor del Pueblo tiene autoridad independiente, según el artículo 190 de la Constitución. Cuando se dice independiente quiere decir que no debe esperar un mandato de nadie para actuar. Es una figura para hacer preguntas desde el presidente hasta cualquier organismo que reciba fondos del Estado. La Defensoría del Pueblo no tiene la función de un tribunal, no es un perseguidor; es un auditor del Estado.

¿Quién tiene los fondos que fueron liberados para la pensión de los cañeros?, ¿dónde está el informe de la ejecutoria de los fondos del 4% a la Educación?, ¿por qué hay expedientes de años acumulados en la Cámara de Cuentas que no han sido investigados?, ¿qué hacen los partidos políticos con los fondos que reciben del Estado?, ¿cuál es la política de Estado para que los jóvenes de 18 años que necesitan un empleo tengan oportunidades en el mercado laboral?.. éstas son preguntas que debe hacer el Defensor del Pueblo, y por ello la importancia de esta figura que ha contribuido al fortalecimiento del Estado y a la institucionalidad gubernamental en países como México, Costa Rica, Honduras, Colombia y Chile.

El Defensor del Pueblo depende de los ciudadanos y se debe a ellos; no es un filántropo ni un “chapulín colorado”, sino un actor que garantiza a la ciudadanía sus derechos consagrados en la Constitución, y que fomenta en la clase política y en las autoridades la cultura de Estado e institucionalidad a través del debido proceso de las leyes”.

La Ley 19-01, que crea el Defensor del Pueblo, fue un logro, pero la clase política no estaba a la altura del acontecimiento y por ello tardó tantos años en concretarse el primer nombramiento en 2013, aunque sin mucho respaldo. “Estamos en un país distinto, producto de las marchas, protestas y cacerolazos de la gente que pide que se gobierne de manera distinta; con eficiencia y transparencia. Es el momento ideal para poner en marcha las normativas que requiere la oficina de la Defensoría del Pueblo para ejercer sus funciones.

JPM