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Santo Domingo, 1 feb (EFE).- El abogado Julio Cury tildó hoy, lunes, de «catastrófica» la situación de la justicia dominicana, y afirmó que la falta de fiscalización del desempeño de los jueces en términos de calidad y razonabilidad ha convertido a los tribunales «en una especie de vindicta legal».
Mediante un comunicado, Cury señaló que algunos jueces «tienen un pobre concepto del bien social que se obtiene a través de la recta administración de justicia», por lo que se estarían prestando a desnaturalizar los enunciados fácticos de los procesos para acomodar sus fallos a favor o en contra de una de las partes.
Alegó que la arbitrariedad judicial «aparece con frecuencia bajo el ropaje de la motivación aparente», pues en opinión del reconocido jurista no se dictan decisiones que respondan a los hechos y circunstancias sometidos al tribunal, sino a sustentos fácticos desnaturalizados y hasta falsos».
«El control de la justificación externa del razonamiento judicial resulta fundamental para precisar la razonabilidad de la decisión en un Estado Social y Democrático de Derecho, pero la ausencia de una fiscalización de ese tipo se ha convertido en caldo de cultivo a la arbitrariedad y venalidad», subrayó el letrado.
Agregó que los ciudadanos se encuentran actualmente «a merced de los caprichos de ciertos jueces», ya que las arbitrariedades que señaló no son penal ni disciplinariamente sancionables.
«Partir de premisas fácticas alteradas conduce a desarrollar una motivación jurídica extraña al proceso y a adoptar una decisión incongruente, lo cual a su vez contraviene los principios de calidad y razonabilidad con los que debe prestarse todo servicio público de conformidad con el artículo 147 de la Constitución», manifestó.
Por último, informó de que pondrá en conocimiento del procurador general de la República, Francisco Domínguez Birto, algunas sentencias civiles y en referimiento en las que jueces habrían resuelto hechos que no le fueron planteados, lo que, según Cury, «invierte la finalidad de satisfacer el interés colectivo de los servicios públicos y, además, constituye una modalidad de corrupción administrativa». EFE