Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
RD y EEUU buscan reforzar la seguridad del comercio exterior
Conjunto Quisqueya adelanta Navidad con un gran concierto
EEUU: Ola calor extremo afecta más de 200 millones personas
Constanza acogerá “Adorando juntos en verano” el 11 de julio
PRSC reafirma su apertura a independientes para el 2028
Venezuela necesita cooperación de gran calado 
EDENORTE anuncia invertirá RD$84 millones en Santiago
Caminero se convierte en el mas joven con HR en 6 días seguidos
FRANCIA: Al menos 90 muertos por ahogamiento ola de calor
La vacatio legis no deroga el Código Penal
SANTO DOMINGO.- Los exministros de Hacienda Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta ya están en la cárcel de Najayo para cumplir los 18 meses de prisión dictado el martes por un tribunal por su presunta implicación en la red de corrupción conocida como Calamar.
Los dos exministros, ambos empresarios, fueron trasladados a ese recinto la pasada madrugada, horas después de la decisión adoptada en su contra por la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Guerrero, quien estuvo al frente de Hacienda durante la gestión de Danilo Medina, y Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia en esa época, son los únicos imputados enviados a prisión de los veinte detenidos dentro de la llamada operación anticorrupción Calamar.
En el expediente también figura el excandidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, enviado a arresto domiciliario.
El Ministerio Público había pedido dieciocho meses de prisión para los veinte imputados en este expediente, pero al final varió la solicitud para catorce de ellos después de que estos admitieran su participación en la supuesta estructura de corrupción.
La magistrada les impuso distintas medidas preventivas, que van desde fianza a impedimento de salida y presentación periódica ante un juez.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.