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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público dijo que depositó este miércoles más pruebas contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros acusados de formar una red que habría cometido actos de corrupción en esta dependencia oficial.
No se dijo en lo inmediato en qué consisten esas pruebas, las cuales fueron obtenidas mediante “interrogatorios”.
Debido a que las mismas no fueron notificadas previamente a los abogados defensores de los acusados (Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi Pumarol), éstos últimos pidieron que fuera aplazada para el 20 de diciembre próximo una audiencia que tenía lugar este miércoles en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La jueza Yanibel Rivas acogió el pedimento de los juristas, a lo cual tampoco se opuso la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
LAS ACUSACIONES
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Jean Alain Rodríguez y otros exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert) de supuestamente cometer los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco.
Asimismo, de violación de la ley de sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incurrir en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos, sabotaje, soborno, lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado.
Este caso ha sido denominado por el Ministerio Público como “Operación Medusa”. Los imputados guardan prisión preventiva desde el pasado 29 de junio.
DEFENSA SE QUERELLA CONTRA LA JUEZA ROMERO
La defensa del exprocurador presentó este miércoles una querella disciplinaria en contra de la jueza Kenya Romero, quien en julio pasado dictó prisión preventiva al exfuncionario por presunta corrupción.
De acuerdo con el consejo de defensa de Rodríguez, en el juicio de medida de coerción Romero permitió que se «atropellara, violentara y avasallara» a su cliente «incumpliendo las debidas responsabilidades de fungir como arbitro en control de la observancia de la Constitución».
La jueza «prohibió, limitó y sesgó» al exprocurador «el sacrosanto derecho a ejercer su defensa material, declarar, ser escuchado y a defenderse», agregaron sus abogados en Twitter.
SP-AM