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SANTO DOMINGO (EFE).- Activistas de los derechos humanos denunciaron el «silencio» del Estado dominicano ante las desapariciones forzadas en el país, que cifran entre 20.000 y 30.000 desde la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina (1930-1961) y los gobiernos de Joaquín Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996).
Ante la sede de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas, llamaron la atención respecto a este tema, que subrayaron «es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o de amnistía».
Los activistas exigieron «justicia y verdad» ante los casos de desapariciones forzadas en los citados gobiernos, pero también en épocas más recientes, y recordaron el caso de Juan Almonte, militante y defensor de derechos humanos desaparecido en 2009; y el de Randy Vizcaíno, desaparecido desde diciembre de 2013 después de haber sido detenido y llevado en un cuartel de policía.
En declaraciones a la prensa, el presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, afirmó que han entregado reiteradas comunicaciones y solicitudes a la Procuraduría General y al Senado para que se investiguen cada uno de estos casos, pero no han recibido respuestas.
También exigen al Gobierno la firma y ratificación de las Convenciones Internacionales contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
«Lamentamos que a pesar del tiempo transcurrido la Procuraduría se haya mantenido indiferente», señaló Mercedes en la actividad celebrada con motivo del Día de las Desapariciones Forzadas.
