Pese al azote de la pandemia de la Covid-19, la mayoría de los presos no tenían acceso a servicios esenciales, como agua potable y atención de salud, denunció la organización.
La Rnddh investigó 19 centros penitenciaros en activo, así como las tres comisarías convertidas en cárceles durante este año y concluyó que las condiciones generales de detención ‘no respetan en absoluto los derechos fundamentales ni la dignidad de las personas encarceladas’.
Según la entidad, la disfunción casi total del sistema judicial haitiano tuvo un impacto exponencial en este indicador. En especial el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe tiene la tasa más alta de detenciones preventivas, con un 38,75 por ciento, señala el informe.
Sugiere además, que las condiciones de las prisiones son responsables de la muerte de al menos 101 reos de enero a octubre de este año.
A inicios de octubre, la Fiscalía de la capital anunció una nueva operación para combatir la detención preventiva prolongada, que contempla la celebración audiencias correccionales diarias y juicios penales sin la asistencia de un jurado para resolver los casos pendientes.
Sin embargo, esta no es la primera iniciativa de este tipo pues en 2019 el exfiscal de la capital Paul Villard implementó varios proyectos y logró la liberación de unos tres mil detenidos. También disminuyó casi un 50 por ciento la detención preventiva prolongada de menores.
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