Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
DGM detiene 114 extranjeros y deporta 1,125 indocumentados
EEUU sanciona ocho vinculados a la industria militar de Cuba
Se intensifica la guerra de Rusia y Ucrania; más daños y víctimas
Donald Trump culpa a Canadá de los incendios forestales
Siete muertos deja otro ataque nocturno de Rusia a Ucrania
Cabello saluda a opositores que retornaron para un diálogo
Irán condiciona reapertura de Ormuz al fin de amenazas EU
Encuesta revela deterioro de la imagen de Trump en Venezuela
Mejía defiende consenso PRM para escoger secretario general
El Gobierno de Brasil rompe relaciones con el de Argentina
Puerto Príncipe, 17 nov (Prensa Latina) La Fundación Je Klere (FJKL), que defiende los derechos humanos, exige hoy a la justicia haitiana que ponga fin a la impunidad que gozan quienes cometen delitos de cuello blanco.
La plataforma reaccionó a la publicación de 11 informes de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) que señala a exlegisladores y funcionarios, así como otros actores estatales cuyas acciones costaron al Estado unos cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) o el dos por ciento del presupuesto nacional para el año fiscal 2022-2023.
FJKL denunció que la corrupción es una lacra que socava el desarrollo económico y social del país, además de perjudicar la democracia.
Asimismo, lamentó que, desde la creación de la ULCC en 2004, solo se registró un índice de condenas del 1,14 por ciento, en relación con los casos investigados por el organismo durante casi una década.
La plataforma de derechos humanos criticó que desde 2004, 87 informes de la ULCC fueron trasladados a los tribunales, 42 de ellos bajo la actual administración, y solo se registró una condena penal, la del excapitán Edrick Léandre y cuatro órdenes de remisión.
Para el organismo, lo que reduce la corrupción es la posibilidad de que los infractores sean descubiertos, detenidos y castigados, lo cual cumple además la triple función de reducir la reincidencia mediante el encarcelamiento, compensar a la comunidad y actuar como elemento disuasorio.
Asimismo, la FJKL alentó a la Unidad de Lucha contra la Corrupción a poner a disposición de los grupos de la sociedad civil los informes a fin de facilitar la vigilancia pública y el seguimiento por parte de la justicia.
También instó a las autoridades fiscales a dar curso a los informes de investigación de la ULCC y a la justicia a dictar ordenanzas en los plazos establecidos por la ley.
ro/ane
PL-123
