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SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, propuso este domingo la apertura de un espacio de diálogo entre el Congreso Nacional, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y los medios de comunicación para analizar las inquietudes surgidas en torno a varios artículos del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto.
La iniciativa responde a los cuestionamientos formulados por organizaciones periodísticas y medios de comunicación, que advierten que disposiciones contenidas en la Ley 74-25 podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa.
Entre los artículos señalados figuran los números 8, 30, 41, 186, 208, 212 y 234, relacionados con responsabilidad penal, difamación y las sanciones aplicables a los denominados delitos de prensa.
«Desde el Defensor del Pueblo abogamos por un diálogo sincero que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y que sea compatible con la dignidad y el buen nombre de las personas», expresó Ulloa.
El funcionario recordó que el Tribunal Constitucional ha emitido decisiones relevantes sobre esta materia, entre ellas la sentencia TC/0075/16, que anuló varios artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la sentencia TC/1148/25, la cual reafirma que la imposición de penas de prisión por este tipo de infracciones contraviene los estándares internacionales. En ese sentido, consideró necesario revisar todas las decisiones judiciales relacionadas con el tema para evitar conflictos institucionales.
Ulloa reconoció que el nuevo Código Penal representa un avance al modernizar una legislación que permanecía rezagada durante décadas y fortalecer las herramientas legales para combatir la criminalidad. No obstante, advirtió que el éxito de la reforma dependerá de su correcta implementación.
«El país no debe confundir reforma penal con justicia automática. Una ley puede representar un paso de avance, pero solo será una victoria ciudadana si el Estado tiene la capacidad de aplicarla correctamente, proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y evitar que la impunidad o el abuso continúen debilitando la confianza pública», afirmó.
Sostuvo que el principal desafío será preparar adecuadamente a fiscales, jueces, defensores públicos, agentes policiales, autoridades penitenciarias y unidades de atención a víctimas para garantizar una aplicación justa, humana y eficaz de la nueva normativa.
El Defensor del Pueblo reiteró la disposición de la institución de servir como mediadora entre el Congreso Nacional y los representantes de los medios de comunicación, con el objetivo de conciliar la protección de la libertad de expresión con el respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, anunció que la entidad impulsará jornadas de orientación y pedagogía ciudadana en Santo Domingo y Santiago para informar a la población sobre el alcance del nuevo Código Penal y promover su aplicación conforme a la Constitución, las garantías procesales y la protección de las víctimas.
«El país no necesita una justicia que grite más fuerte; necesita una justicia que funcione mejor. Esta debe ser una oportunidad para que el Estado se prepare, la ciudadanía conozca sus derechos y la justicia responda con firmeza, humanidad y responsabilidad», concluyó Ulloa.
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