Compra de vacunas COVID-19 por la UE: un proceso lleno de secretos

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MADRID.- España tiene garantizado el acceso a las futuras vacunas contra la COVID-19, gracias al trabajo que la Comisión Europea lleva realizando desde hace meses para que todos los ciudadanos comunitarios puedan inmunizarse. Pero en cualquier caso será un proceso lento y lleno de incertidumbre, en el que aún hay más interrogantes que certezas.

En principio, las campañas de vacunación se realizarán a lo largo de 2021, de manera gradual, según los fármacos vayan completando los ensayos clínicos y sean aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), si es que lo hacen.

La Comisión Europea ha diseñado un sistema de compra en bloque para las vacunas experimentales, adoptando «un enfoque de portafolio diversificado», y hasta el momento ha negociado con siete farmacéuticas para asegurar el suministro de estos fármacos. El objetivo es ampliar todo lo posible las probabilidades de adquisición, ante la incertidumbre de éxito de cada uno de los proyectos, aún en fase clínica. Por ello, las vacunas escogidas se basan en cuatro tecnologías diferentes.

Por ahora, tiene contratos ya firmados o en previsión de hacerlo con Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Universidad de Oxford, Sanofi/GSK, Curevac, Janssen/Johnson & Johnson, Moderna y Novavax. Bruselas prevé cerrar en breve acuerdos que potencialmente podrían servir para vacunar a unos 900 millones de personas, es decir, más del doble de la población de la UE, que es de 446 millones de personas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las vacunas se administrarían a doble dosis, por lo que serían necesarias dos dosis por persona.

En concreto, ya ha acordado 300 millones de dosis de Pfizer, 400 millones de AstraZeneca, 400 millones de Johnson & Johnson y 160 millones de Moderna, todas ellas en la tercera y última fase de los ensayos clínicos. Además, habría que sumar 405 millones de Curevac y 300 millones de Sanofi/GSK, estas últimas un escalón por debajo, en la fase 2.

Como el reparto de los fármacos se realizará de manera proporcional a la población de cada Estado miembro, a España le correspondería aproximadamente un 10% de las dosis comprometidas por la Unión Europea.

Contexto de confidencialidad

Las negociaciones con las grandes farmacéuticas se están desarrollando en un contexto de máxima confidencialidad, algo que puede contrastar con la fuerte financiación pública que han recibido la mayoría de los proyectos de vacuna COVID.

Para justificar este secretismo, el portavoz de Salud de la Comisión Europea, Stefan de Keersmaecker, ha defendido que las negociaciones tienen lugar en un entorno «muy sensible» y que los contratos que se pactan incluyen «cláusulas de confidencialidad». Asegura que el objetivo es «mantener la integridad de las negociaciones con otras compañías», porque si se hiciese pública esa información sensible, «la negociación con otras empresas sería extremadamente complicada».

Una posición negociadora criticada desde diferentes sectores, que no entienden por qué no está imponiendo normas de transparencia a todas las farmacéuticas por igual. «La Unión Europea ha decidido mantener acuerdos bilaterales con diferentes farmacéuticas, y lo que vemos es que en estas negociaciones no está utilizando el poder que le daría no solo ser uno de los principales donantes para la investigación y la producción de estas vacunas, sino también ser uno de los principales compradores», manifiesta a RTVE.es Miriam Alía, reponsable de vacunas de Médicos Sin Fronteras (MSF). «Está asumiendo un papel de debilidad que no se entiende», recalca.

Desde que arrancó la carrera por encontrar una vacuna contra la COVID-19, la mayor parte de las farmacéuticas ha recibido financiación pública para respaldar sus proyectos, que fundamentalmente ha llegado por una doble vía: donaciones directas para investigación y dinero por adelantado a riesgo, garantizando la reserva de un número de dosis si finalmente la vacuna experimental concluye con éxito.

«Lo que nosotros pedimos es que haya unos acuerdos de transparencia para todos aquellos laboratorios que han recibido dinero público», reclama Alía, quien también pide que «no haya patentes, ya que se trata de un problema que es global». Por ello, insiste en que las farmacéuticas abran sus libros de cuentas y ofrezcan un desglose de todos los costes asociados a la producción, para que la ciudadanía pueda comprobar si realmente es justo el precio de esas vacunas que han recibido una financiación pública tan importante.

Entre tres y 31 euros por dosis

Aunque apenas hay ninguna información oficial al respecto, el precio estimado por dosis que va a pagar Bruselas se situaría aproximadamente entre los tres y los 31 euros, según el laboratorio. Como una gran parte de las vacunas se administra a doble dosis, este precio se duplicaría por cada ciudadano inmunizado. La vacuna de Moderna sería la más cara: entre 27 y 31 euros (54 o 62 euros por persona); mientras que la de Oxford/AstraZeneca sería la más barata: aproximadamente tres euros (seis euros, a doble dosis).

Otras vacunas, como de la de Pfizer/BioNTech rondarían los 15,5 euros (31 euros por vacunado); la de la farmacéutica alemana Curevac se situaría en unos diez euros (veinte por persona inmunizada) o la de Johnson & Jonhson costaría aproximadamente 8,5 euros, con la ventaja de administrarse en una única dosis.

En España, la vacunación sería gratuita

Una vez que cada país de la Unión Europea reciba su parte proporcional de vacunas, los respectivos gobiernos decidirán cómo distribuyen las dosis internamente y a qué grupos de población vacunan primero. También decidirán si los ciudadanos deben pagar una parte o la totalidad de la vacuna que reciban.

En España, los programas de vacunación contra la COVID-19 aún no están definidos por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la estrategia de inmunización. Sobre si los ciudadanos tendrán que pagar, el ministro Salvador Illa ya adelantó que las vacunas se distribuirán de forma gratuita en el Sistema Nacional de Salud.

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