Blasfemia versus libertad de expresión

En septiembre del 2012, el expresidente Leonel Fernández le sugirió a Naciones Unidas un marco jurídico internacional para prohibir y castigar la blasfemia y lo que él llamó “falta de respeto a algo que se considere sagrado”.

En el contexto en que lo propuso, constituyó un reconocimiento al “derecho” del fundamentalismo musulmán de proceder con extrema violencia y desenfreno contra valores esenciales de la democracia ante la mínima mención de Mahoma en diarios, revistas o videos.

Fue lo ocurrido en las semanas anteriores a su planteamiento, desconociendo así principios fundamentales que él decía defender, como es el de la libre expresión del pensamiento.

La ira que el señor Fernández justificaba fue a causa de un video amateur sobre Mahoma que el radicalismo islámico consideró ofensivo al profeta y que las turbas que incendiaron embajadas y causaron motines en muchas ciudades probablemente no habían visto.

Fernández dijo que el libre flujo de las ideas, que es lo que estaba en juego en el conflicto, no podía entenderse como exenta de limitaciones.

Tal expresión era sorprendente en un político de su experiencia, aunque encajaba en su esfuerzo de entonces para posicionarse como una figura confiable en el mundo islámico con vista a futuras aspiraciones en el ámbito internacional.

Su poco aprecio a uno de los valores fundamentales de la democracia, como la libre expresión, y su apoyo tácito al uso de la violencia irracional del fundamentalismo musulmán, contrasta con lo externado en esos días por el ministro francés de Educación, Vicent Peillon, citado por el periódico español El País: “La libertad de expresión es un principio intangible de la civilización y hace falta preservarla sin excepciones. Hace falta que en las sociedades democráticas haya personas que ejerzan esa libertad sin preocuparse de las consecuencias”.

Amplio sentido de la libertad de prensa

Toda tentativa por imponer reglas a la conducta y responsabilidad de los medios de comunicación lesiona el papel de la prensa independiente en una sociedad democrática.

En los últimos años ha crecido la tendencia de los gobiernos a fijar reglas para definir el concepto de la responsabilidad periodística, como son los casos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador y desde hace más de seis décadas en Cuba, bajo el régimen creado por Fidel Castro.

No es tarea fácil determinar cuáles son esos límites, a menos que sean los que se fije a sí mismo cada medio.

Resulta chocante la aceptación que goza en ciertos medios periodísticos, tanto dentro como fuera del país, la teoría de que la potestad de establecer límites y reglas a esa responsabilidad cae o encaja dentro de las atribuciones del gobierno.

La experiencia ha demostrado que siempre que la autoridad pública, cualquiera sea su naturaleza, pueda directa o indirectamente limitar esa responsabilidad, la independencia y la libertad de prensa quedan virtualmente suprimidas.

La intervención de un gobierno en el campo de la actividad periodística equivale a otorgarle la capacidad de decidir qué puede o debe publicar un diario. Transferir esa capacidad de las redacciones a los despachos de algún ministerio equivale a asestarle una puñalada a la libertad, y la posterior desaparición de una prensa crítica y libre.

No existe un solo ejemplo que permita dudar de esta aseveración tan categórica y bastaría citar como ejemplos los casos. entre muchos otros, de Chile, en la dictadura del general Augusto Pinochet de Cuba, bajo el régimen castrista y en Nicaragua, en la Era sandinista y antes bajo la dictadura de los Somoza.

JPM