Biblioteca Nacional penaliza la literatura 

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El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

“Cuando el interés pecuniario se torna invaluable el servicio de gestión se convierte en lacerable y se pierde la visión de servicio”. 

La literatura es una de las ramas de las bellas artes que más proyección le da a un país, porque sirve de canal de difusión de la cultura y el pensamiento de los pueblos. Es por ello que los gobiernos están obligados a protegerla, brindándole a los escritores reales posibilidades para la difusión de sus obras.

Al tenor de lo establecido en el artículo 64, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana, el gobierno está en la obligación de: “Establecer políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivar y apoyar los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales”. 

El derecho a la cultura presupone que: “toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores”, según versa en el artículo 64 de la Constitución.

Visto los referidos artículos, es importante acotar que la realidad de la cultura en la República Dominicana no se maneja acorde con las consagraciones constitucionales, en el sentido de que, en los últimos gobiernos, esta ha sido sometida a tasas que son inalcanzables por los artistas, sobre todo de las Bellas Artes.

Esa tendencia de tornar inalcanzable la impresión de libros, alquileres de locales estatales para la puesta en circulación y otras actividades inherentes a la literatura, dificulta, según transcurre el tiempo; y cada vez más, el difícil ejercicio intelectual producto del interés pecuniario de los principales gestores de las instituciones quienes deben promover desinteresadamente la cultura y las artes.

Por tanto, la dirección de la Biblioteca Nacional es la menos llamada a imponer arbitrios por el uso de sus instalaciones.

No ha habido leyes ni disposiciones gubernamentales que hagan viable el noble ejercicio de escritor en el país. Una muestra de esos obstáculos que enfrentan los cultores del arte literario en la República Dominicana, fue lo que aconteció recientemente con el destacado periodista José Pimentel Muñoz, quien al pretender poner en circulación su libro Memorias de San Cristóbal en uno de los salones de la Biblioteca Nacional, recibió la infausta noticia de que debía pagar la suma de RD$25, 000.00.

Esta exigencia contrasta con dos situaciones relevantes: la primera es el hecho de que la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña es una dependencia del Estado Dominicano; y, por tanto, un patrimonio de todos los ciudadanos de este país. En segundo lugar, su director, quien se protege bajo el sofisma de que encontró esa disposición ya instaurada por la gestión del anterior gobierno, es precisamente un escritor. En su calidad de escritor, muy reconocido, por cierto, ¿Por qué al llegar a esa institución y descubrir esa infame disposición, Peralta Romero, no procedió a dejarla sin efecto?

Una gestión correcta del fenómeno cultural en este país debiera tender a facilitar la realización de eventos de esa magnitud en las instalaciones de un escenario tan importante como la Biblioteca Nacional; ya que la puesta en circulación de un libro es una actividad inherente a esa institución estatal.

La disposición de un cobro por la realización de una puesta en circulación en los salones de la Biblioteca Nacional, es un verdadero contrasentido y una desnaturalización de la función de esa institución, sobre todo en un país donde las nuevas generaciones están perdiendo el amor por la lectura.

No descartemos que esto sea fruto de las incoherencias puestas de manifiesto por los que han administrado el Estado. Es más incoherente, además, que sea un escritor quien aplique una bárbara tarifa como esa, cuando lo que procede es derogar tal disposición o buscar que se deje sin efecto.

Aplicar cobros a escritores por la celebración de eventos como la puesta en circulación de libros, desnaturaliza su función social, la cual debe fungir como protectora de todas las manifestaciones de la vida nacional y en especial del arte y la cultura.

Acciones como las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional y su director, Rafael Peralta Romero van en detrimento de los escritores, desestimulan la labor del literato nacional; y a la vez, hunde una filosa espada en el corazón de la cultura nacional.

Antes que poner en marcha cualquier cobro o acción que lesione o menoscabe las limitadas posibilidades económicas de los escritores; el director de la Biblioteca Nacional debiera poner en marcha un programa tendente a fortalecer la cultura en la República Dominicana, mediante planes estratégicos dirigidos a incrementar las publicaciones literarias y su consecuente puesta en circulación, disponiendo sin ningún interés particular y económico los salones de esa institución en beneficio de los actuales y potenciales escritores y literatos del país.

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LECTOR SD
Admin
2 meses hace

Peralta Romero llega a la Biblioteca Nacional, observa que no hay asignación económica para gastos menores y se decide por la vía más cómoda: apela a un cobro por uso de salones que había intentado su predecesor, un inefable peledeísta, y que pocas veces se materializaba. NO ha tenido el tupé de reclamar, incluso públicamente, que le den lo que corresponde para gastos nimios.

SANCRISTOBERO NUEVA YORK
Responder a  LECTOR SD
2 meses hace

Con lo gastado por la ministro de Cultura en su reciente viaje a participar en la improductiva reunión de la Unesco en Europa, se le da a la Biblioteca Nacional lo que necesita para un año. Gastos en boleto aéreo, en hotel y en dieta. Cuantas cosas después que mataron al Jefe!