Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EU: Violentos disturbios frente a un centro detención en Newark
Fernando Tatis Jr. conecta su primer jonrón de la temporada
Irán avisa no habrá acuerdo si EEUU no garantiza sus derechos
ROMA: Papa pide «se ilumine la conciencia» para una paz justa
Ucrania ataca una principales refinerías rusas región de Volga
Rusia denuncia la destrucción de varios vehículos en Zaporiyia
El OIEA constata un impacto en la central nuclear de Zaporiyia
AFRICA: Brote de ébola deja ya 43 muertos y más de 263 casos
Trump condiciona paz a que Irán desista de armas nucleares
NUEVA YORK: INDEX celebra el Día de las Madres Dominicanas
PUERTO PRÍNCIPE.- El Gobierno haitiano aplazó la entrada en vigor del código penal decretado en 2020 por el asesinado presidente Jovenel Moise y que carece de la aprobación de la Asamblea Nacional, aseguró este jueves el diario Le National.
Tras un Consejo de Ministros el miércoles, el Ejecutivo decidió prorrogar su aplicación otros dos años, lo cual permitirá el análisis de la ordenanza, reveló el medio.
NORMATIVA POLÉMICA
La ley penal fue polémica desde su divulgación con masivas protestas del sector religioso, mientras varios gremios expresaron sus reservas por presuntamente permitir la amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros.
En fecha más reciente las principales críticas se centraron en la falta de condiciones para su puesta en vigor, el poco análisis del texto por expertos y la ausencia de consulta popular.
BUSCA MODIFICAR EL VIGENTE DESDE 1835
El código penal fue resultado de varias décadas de estudio de analistas para modificar el cuerpo de leyes vigente, que data de 1835, y durmió varios años engavetado en el Parlamento.
La víspera, el Senado reiteró su negativa a aplicar la ley, que debía entrar en vigor mañana, e insistió en que aún la población no tuvo tiempo de «absorber» el documento.
Por su parte, la Federación Protestante cuestionó su aplicación en momentos en que el país experimenta un vacío constitucional con la disfunción del Parlamento y la ausencia de presidente, y aseveró que la ley entra en conflicto con los valores morales y culturales de la nación.
cfl-am