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BARAHONA.- El sector de las zonas francas en el país podría ser impactado considerablemente debido a factores que incidirían de forma directa en el mercado internacional de la exportación, de no tomarse los correctivos de lugar, ante mecanismos que se pondrían en ejecución.
Así lo expresó el economista Frank Fuentes, en la 8va versión del Diplomado “Formación Económica para Periodistas” que imparte el Banco Central en coordinación con la Universidad Iberoamericana UNIBE, a periodistas de la región sur.
Calificó como una amenaza que se cierne sobre las zonas francas y zonas especiales amparadas bajo la ley 56-07, la implementación del Acuerdo de Asociación Trans-Pacicfico (TPP), el que dijo sería catastrófico para este sector de la economía en el país.
“Esta medida impactaría negativamente a las exportaciones de otros países en desarrollo que mantienen acuerdos comerciales con Estados Unidos”, dijo.
Señaló que países del DR-CAFTA, incluyendo República Dominicana, han solicitado a Estados Unidos otorgar las mismas concesiones ofrecidas a países del TPP.
Citó entre los renglones que podrían resultar más afectados, los textiles y calzados, empresas que generan unos 61,390 empleos directos, en el República Dominicana.
Dijo que la medida podría provocar que los parques industriales de zonas francas desaparezcan en los próximos 10 años, trayendo consigo el aumento del desempleo y la secuela de efectos negativos que esto acarrea.
Señaló que podrían ir desapareciendo, debido a dos grandes tendencias internacionales, entre estas, el hecho de que la Organización Mundial del Comercio (OMS) quiere eliminar los regímenes de las zonas francas trasladándolas a países más pobres.
Dijo que el TPP estaría poniendo al país contra la pared con Estados Unidos, el principal captador de los productos de las zonas francas, y que si este acuerda con otros países que le darían beneficios mayores, se pondría en peligro la producción nuestra.
El TPP es un tratado de libre comercio multilateral negociado en secreto por cinco años, y finalmente firmado por los gobiernos de los países negociadores en febrero de 2015. Ahora se está a la espera que los congresos de cada país lo aprueben.
Además de Estados Unidos, participan Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.
wj/am