Abogados caza recompensas: aberración jurídica

Mediante Decreto No. 22-21, de fecha 13 de enero de 2021, el presidente de la República Luis Abinader conformó un equipo de abogados a los que encomendó la tarea de “representar” al Estado dominicano en las acciones y procesos judiciales tendentes a la recuperación del patrimonio público que haya sido distraído ya sea en administraciones pasadas o en la presente.

Mediante el referido decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad.

La contratación de ese equipo de abogados obtendrá cientos de millones de pesos como pago del 15 % del patrimonio público recuperado, así lo deja dicho el contrato firmado por el Estado con el equipo de juristas.

El equipo de recuperación del patrimonio público, compuesto por 21 abogados, tiene la potestad de hacer acuerdos civiles con empresas y personas, incluso,  no acusadas por el Ministerio Público.

Con el mencionado contrato, el Gobierno pone en juego una bolsa acumulada de alrededor de tres mil millones de pesos que sería repartida entre 21 abogados en procedimientos de recuperación, cobranza judicial, acuerdos, entre otros.

Se llevan a cabo estas acciones, de manera sistemática, no con el fin de satisfacer el interés general, sino de obtener el incentivo y en relación con asuntos que no necesariamente incidían en la protección de derechos colectivos.

El debate acerca de la conveniencia de promover e incentivar, con jugosas recompensas, estas oficinas de abogados “cazarrecompensas” que se benefician económicamente de las “delaciones premiadas”, es decir, negociando impunidad para los que confiesan sus “culpas”, surge de nuevo en la opinión pública.

La figura de los abogados cazarrecompensas, si bien puede en principio mostrarse como algo atractivo, tiene también gravísimas desventajas y no pocos aspectos siniestros que indican que está lejos de ser una panacea, y se aconseja abordarla con extrema cautela y prudencia.

En sus actuaciones impera más el interés pecuniario que el de practicar una verdadera justicia punitiva, lo que pudiera provocar que, en ocasiones,  echen a un lado normas y principios jurídicos fundamentales con el fin de lograr sus propósitos económicos.

La justicia penal dominicana se siente seriamente amenazada con esta nueva forma de procurar justicia, chantajeando y extorsionando a imputados para que declaren en perjuicio de otros y “devuelvan” grandes sumas de dinero, no importándoles que con ello se lleven de paro el debido proceso que debe imperar en todo procedimiento judicial que se le lleve a un ciudadano.

Si el Estado desea, ciertamente, recuperar bienes que fueron sustraídos de manera ilegal por algunas personas, lo que procedería, conforme al régimen jurídico vigente, sería constituirse en parte civil contras los acusados, y así poder realizar los reclamos por daños materiales y morales causados.

Es una lástima que luego de tantos años de lucha y tantos avances en el sistema judicial dominicano, hoy se pretenda impulsar desde el gobierno una figura, que además de no estar sustentada en ningún precepto legal, constituye, por los propósitos que trae, y la forma de operar, una verdadera aberración jurídica.

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