Los dominicanos, ahora con la magnífica ayuda de las redes sociales, nos hemos convertido en comunicadores, fiscales, jueces y verdugos.
Presentamos ante el mundo, sin ninguna prueba, supuestos actos de corrupción de un funcionario, empresario, comerciante, artista y hasta del presidente de la República.
Como fiscales populares, los acusamos. como jueces del pueblo, los condenamos y como verdugos medievales, los ejecutamos. Todo virtualmente.
Con esta acción nos damos por satisfechos y enfocamos nuestra atención hacia un nuevo acusado.
A veces la opereta la hacemos más tragicómica con los llamados juicios populares, que no son otra cosa que perder olímpicamente el tiempo.
Tenemos años repitiendo estas acciones y no hemos conseguido absolutamente nada.
No se pueden cambiar las cosas, haciendo exactamente lo mismo.
Siempre hemos estado en contra de las ejecutorias del gobernante de turno, pero no sugerimos ningún proyecto.
¿Por qué no nos enfocamos en un punto específico y luchamos hasta conseguir nuestros objetivos como pueblo?
Tenemos dos buenos ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer, los cuales podemos utilizar como guías.
El primero, es la Ley General de Educación 66-97, que estipula un 4% del Producto Bruto Interno para ese renglón.
Tomó 16 años aplicar esta ley. Cuatro periodos presidenciales con dos presidentes de diferentes partidos políticos.
Solo la firme exigencia del pueblo, a los entonces candidatos presidenciales para las elecciones del 2012, con el símbolo de las sombrillas amarillas, exigiéndoles el compromiso, con firma y todo, de acatar la ley de educación, pudo sacarla de la inercia a la que había sido sometida.
El resultado lo tenemos ahí. Excelentes centros docentes, mejores condiciones para alumnos y maestros y la certeza de que todo el sistema educativo se hará mucho más eficiente.
El segundo ejemplo es la marcha verde. Esta fue un fracaso total. No tenía un enfoque dirigido a la solución de un problema o conquista específica.
Se diluyeron en consignas de ¡Najayo para los ladrones! ¡Abajo la corrupción!, ¡Odebrecht!, ¡Punta Catalina!
La marcha se evaporó en eslóganes.
En este año preelectoral, seguimos con la misma cantaleta y no redirigimos nuestra meta hacia un propósito específico.
Nosotros vamos a poner una sugerencia que pudieran servir como modelo.
Le pedimos a nuestros lectores hacer lo mismo. Juntos lo logramos una vez. La historia se puede repetir.
Proponemos, para comenzar, eliminar el infausto, corrupto e innecesario reglamento de la Junta Central Electoral, que le asigna asistencia económica de los dineros del pueblo a los partidos políticos.
Esta medida eliminaría la presencia de, por lo menos, dos docenas de partidos emergentes que no son más que sanguijuelas, que han vivido por años, chupando la sangre del presupuesto nacional y en ninguna de las elecciones, ya sean estas presidenciales, municipales o congresionales, han podido sacar ni siquiera un 1%.
A ese dinero, definitivamente, se le puede dar un mejor uso.
Enfoquémonos.


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