Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Cuestionan ganancias de ARS por más de RD$20 mil millones
Abinader promete transformar sistema educativo dominicano
Denuncia recorte RD$2,000 MM en gasto efectivo de Educación
Ve en suspensión exportaciones mango a EU «falla fitosanitaria»
Interrogan Michel Martelly por magnicidio de 2022 en Haití
Rusia ataca las infraestructuras portuarias y barcos en Odesa
China exige a EEUU respetar los «intereses y principios» de Pekín
México presenta 20 denuncias por muerte 17 nacionales EEUU
Sistema Eléctrico registra récord demanda de 4,185 megavatios
Líder humanitario cuestiona investigación sobre magnicidio
Quien pretenda siquiera sugerir que existe una reforma fiscal simpática, no solo se quiere hacer el distraído, sino que es un hipócrita incorregible. Eso, sencillamente, nunca lo hubo ni lo habrá.
Ni aun los parches tributarios aplicados en los últimos 25 años pasaron sin generar resistencia, puesto que las reformas, por simple que resulten, terminan impactando negativamente a algún sector.
La última reforma tributaria de gran calado se produjo en 1992 con el país literalmente en el precipicio estructural, sin vías de solución para un desbalance tan dramático que pensábamos que sería casi imposible de rebasar.
Para entonces se echó mano a un recurso llamado diálogo tripartito, en el que todos los sectores depusieron intereses, se ajustaron el cinturón y el país salió a flote, dirigido por el presidente Joaquín Balaguer, sin dudas uno de los líderes de mayor arraigo en la política y la conducción del Estado.
A pesar de la crisis surgida por los cuestionamientos a su reelección de 1990, Balaguer conservaba la autoridad suficiente para sentar en la misma mesa a políticos, empresarios y sindicalistas, quienes lograron armonizar la más profunda y duradera reforma estructural.
La reforma que ha presentado el Gobierno es la más amplia después de aquella, y tiene la virtud de que se encamina sin que el país se encuentre en la encrucijada de 1992.
Costo político
Tal vez por ello el presidente Luis Abinader decide asumir el eventual costo político que se pudiera derivar de esta, pero también consciente de que en la coyuntura actual resultaría poco probable que la oposición preste su concurso para afrontar lo que en términos macroeconómicos es impostergable.
Un factor que hace intrascendente la búsqueda de consenso político—que de antemano era descartable—es que el presidente goza de una privilegiada correlación congresual suficiente para aprobar la reforma con su propia bancada.
Todos los sectores están conscientes de que un país no puede pretender que sus necesidades se resuelvan con endeudamiento externo continuado, sin correr el riesgo de descalabrarse, al punto de no poder pagar ni que nadie le preste un peso.
Obtener más recursos sin endeudarse es un imperativo urgentísimo que el Gobierno asume con valentía, pues de no afrontarlo y dejar que la bola corra, se expondría a que la crisis le reviente. Y un presidente responsable no haría eso.
jpm-am
