Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EU pausa en todo el mundo las citas para visas de residencia
Cuatro muertos deja ataque EU a «narcolancha» en mar Caribe
Muere jurista Wenceslao Vega, referente historia derecho RD
EU: Trump desafía a Canadá: «Ya es hora de darle lección»
Irán señala EU perdió la guerra y fracasará en su nueva ofensiva
Dólar subió 16 cts. y era vendido a $58.50; el euro sigue a $70.03
Una escuela que volvió a abrir sus puertas para la inclusión
Irán y Omán anuncian acuerdo preliminar estrecho de Ormuz
Haití: jefe de banda amenaza con matar más de 60 rehenes
Tony Thomen: pionero del ecologismo dominicano
Santo Domingo, 21 jun (Prensa Latina) El Gobierno de República Dominicana remitió hoy al Congreso un proyecto de ley para la modificación del artículo tres de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, del 7 de agosto de 2003.
El sitio de la Presidencia precisó que no se trata de una modificación amplia o profunda de la normativa, ni de una reintroducción del proyecto que había sido retirado con anterioridad.
Explicó que la reforma propuesta procura, exclusivamente, fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de esa práctica.
Señaló que el Estado impulsa esta acción en el marco de su compromiso constitucional de luchar contra una práctica tan denigrante e inhumana como la trata de personas, delito que lesiona derechos como la dignidad, igualdad, seguridad e integridad física de las víctimas.
Sostuvo que aunque es fundamental promover la modificación de dicho artículo en aras de fortalecer las medidas contra este delito, las diferentes instituciones del Estado y la sociedad que abordan ese tema, continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político.
De acuerdo con la misma fuente, el Gobierno no hace más que reconocer que es deber del Estado fortalecer las medidas legales, administrativas, jurisdiccionales, educativas, sociales, culturales o de otro tipo que se requieran, para que los encargados de aplicar la ley dispongan de acciones y procesos que garanticen sus respuestas frente a este flagelo.
oda/mpv
PL-223
