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Durante muchos años se ha abogado porque en la República Dominicana se implementen los debates presidenciales, algo que es ya una rutina que forma parte de la dinámica electoral de casi todos los países del continente americano y también en Europa.
Hablar de debates presidenciales en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, etc., son simples eventos adicionales en sus campañas electorales.
Pero en nuestro país esta modalidad de confrontar las ideas que tienen los candidatos sobre los problemas y sus posibles soluciones, no ha podido ser agregada a las obligaciones de los contenedores y el derecho que tienen los electores.
Lo más cercano que se ha tenido son los tradicionales almuerzos organizados por la Cámara Americana de Comercio, pero estos no han pasado de meros encuentros para la disertación individual de los aspirantes, quienes se someten luego a las preguntas de gente que va allí a ver cómo acerca sardinas a su fogón.
Unos encuentros que, por demás, siempre han tenido un carácter discriminatorio, ya que solo se invitan a los tres aspirantes que las encuestas reflejan punteros.
¿Y los demás aspirantes que figuran en la boleta con los mismos derechos electorales de ser elegibles? Estos nunca han contado.
Es la misma tónica que estamos observando ahora con el debate que proponen la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y otros grupos—es decir, la continuidad de aquellos—de reeditarse abierta discriminatorios.
Se supone que, al ser producto de una sociedad más abierta, democrática y plural, estos ejecutivos de la nueva camada deberían estar distantes de los «empresaurios» que, hasta cierta medida, se refleja en aquellos que han visto la actividad con un criterio rentista muy alejado de la natural persecución del lucro que se deriva de la iniciativa privada.
Sin embargo, reiteran el talante excluyente de sus predecesores y guías, dejando que desear en una nueva generación menos comprometida con esa forma de proceder.
Si alguna vez se formalizan los debates, sería saludable que los organizara la Junta Central Electoral con la participación de todos los candidatos, pues aquellos que de antemano se sabe carecen de oportunidad en unos comicios, deberían ser descartados por electorado y no grupos de intereses definidos.
La democracia tiene que ser incluyente, o de lo contrario tendría que ser denominada de otra manera.