Crisis en Centroamérica por mina de cobre

POR TEODULO ANTONIO MERCEDES

Desde varias semanas las marchas, el bloqueo de calles y brotes de violencia acompañadas con millonarias pérdidas en la economía, es lo que caracteriza la sociedad de la tranquila Panamá, por el rechazo a la operación de una mina de cobre a Cielo Abierto la más grande de Centroamérica, explotada por la compañía canadiense First Quantum Minerals.

El inicio del conflicto tiene fecha en 1997, cuando el Estado panameño firma un contrato con la sociedad minera Petaquilla S.A., que recibe en concesión 12.955 hectáreas en Donoso, provincia de Colón, con vigencia por 20 años.

Pero en el 2008: El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), apoyado por otras organizaciones ecologistas, interpone una demanda contra el contrato, argumentando que la concesión se dio sin licitación pública, sin consulta a las comunidades y sin un verdadero estudio de impacto ambiental.

Seis años después Petaquilla Minerals vende la mina a Minera Panamá, subsidiaria de la empresa First Quantum Minerals y el estado otorga una prórroga a Minera Panamá para seguir la operación por otros 20 años.

La compañía minera canadiense empieza en el 2019 la exportación del mineral y produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones panameñas, realizando dichas operaciones sin tomar en consideración las opiniones de la Corte Suprema de Justicia que había declarado el contrato de 1997 «inconstitucional.

Cuatro años después de la resolución de la Corte, el fallo es finalmente publicado en la Gaceta Oficial.

Bajo la presidencia de Laurentino Cortizo, el gobierno y la compañía minera inician la negociación de un nuevo contrato el cual concluyo en el presente año.

Ahora en agosto, El gobierno y la minera firman finalmente el contrato que establece aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.

Y 20 de octubre, El Congreso aprueba la ley que sella el nuevo contrato y se promulga, desatando protestas multitudinarias de ambientalistas, maestros, obreros y otros gremios.

. 3 de noviembre: Ante la presión popular, el gobierno y los diputados aprueban una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica y deja a la Corte Suprema de Justicia resolver una serie de demandas de inconstitucionalidad que definirá antes de finalizar este año el futuro de la mina.

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