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Denuncian abierta violación en la RD a leyes de Partidos y Electoral
Santo Domingo. – El movimiento cívico Participación Ciudadana, denunció que en República Dominicana ha habido una abierta violación a las leyes que rigen la materia electoral y el quehacer de los partidos políticos.
En un documento público señaló que ha habido una “precampaña” e inicio de campaña a destiempo, a pesar de la drástica sanción contenida en el artículo 78, ordinal 8 de la Ley de Partidos Políticos, el cual establece que “los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura” y que corresponderá a la Junta Central Electoral hacer cumplir esta disposición.
La entidad, capítulo de Transparencia Internacional en la República Dominicana, informó que ha iniciado una jornada de observación del proceso electoral de la República Dominicana.
EL DOCUMENTO
El documento de Participación Ciudadana fue leído en rueda de prensa este jueves por directivos de esta entidad. El texto del mismo es el siguiente;
”El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en la República Dominicana, informa al país que da inicio a la observación electoral número doce en sus treinta años dedicados a los temas electorales.
Los trabajos de observación electoral de Participación Ciudadana constituyen un esfuerzo dirigido al fortalecimiento de la democracia a través de las diversas actividades realizadas por nuestro equipo técnico y voluntarios, y de los reportes periódicos que sobre el proceso electoral generamos.
La observación procura vigilar la actuación de todos los actores que intervienen en el proceso electoral que incluyen la precampaña, la selección de los candidatos, la campaña electoral y el día de las elecciones municipales del 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del 19 de mayo, así como la observación post electoral, la actividad del Tribunal Superior Electoral y la puesta en marcha de los procesos de mejora del régimen electoral basado en las experiencias dejadas por las últimas elecciones.
Nuestro país aspira a un perfeccionamiento de las prácticas electorales y con ello nuestra democracia, avanzando en la prevención y castigo de prácticas dolosas, desde el uso del presupuesto y demás recursos públicos. De igual manera la actuación de las autoridades, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, hasta los participantes en las elecciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y ciudadanía en general.
Nuestro plan de observación incluye el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes, resoluciones y reglamentos que norman el ámbito electoral, dándole seguimiento además al Calendario de Actividades Administrativas y Plazos Legales elaborado por la Junta Central Electoral para las elecciones del año próximo.
Los días de elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales, nuestros voluntarios realizarán una observación cualitativa, para verificar que la logística electoral funcione como ha sido prevista por el máximo órgano electoral.
En este primer informe enfatizamos algunos aspectos previos al inicio de la precampaña que, aunque transitoriamente superados en este momento, deben quedar registradas para poder darle un tratamiento diferente en futuras elecciones. También resaltamos algunos puntos que son objeto central de nuestra observación.
LA PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA A DESTIEMPO
La Junta Central Electoral acaba de dictar la proclama dejando abierta la precampaña a partir del 2 de julio pasado, que termina con la selección de los candidatos/as en octubre, como manda la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en su artículo 41. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades de precampaña antes de dicha fecha, violando las disposiciones del artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral que dispone que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período electoral definido por esta ley, con excepción de lo dispuesto por la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos con relación a las precampañas”.
Esta violación a las leyes que rigen la materia se hizo a pesar de la drástica sanción contenida en el artículo 78, ordinal 8 “, de la ley de partidos políticos, cuando establece que “los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura” y dispone que corresponderá a la Junta Central Electoral hacer cumplir esta disposición.
Lamentamos profundamente que en este aspecto la Junta Central Electoral fallara nuevamente en impedir la campaña a destiempo, al no procurar la aplicación del régimen de consecuencias a los que violaron las claras disposiciones legales sobre el tema, apoderando para su aplicación al Tribunal Superior Electoral. Se hace necesario superar estos incumplimientos hasta ahora en total impunidad porque tales violaciones inciden en los altos costos que tienen las elecciones para el país, condicionante fundamental de que la política sea permeada por la corrupción y el crimen organizado.
La posibilidad de alianzas sin límites decididas por convenciones de delegados de los partidos lesiona el principio de democracia interna que manda la Constitución.
Otro tema previo al inicio de la precampaña lo constituyó la forma en que la Junta Central Electoral defendió su decisión de limitar las reservas de candidaturas a un 20% por nivel de elección, una posición correcta que fue apoyada por Participación Ciudadana, pero el precio que debió pagarse para mantenerla fue abrir la oportunidad de que las convenciones de delegados de los partidos pudieran disponer del 100% de las candidaturas para alianzas, lo que de todas formas produce el mismo efecto de las reservas, de excluir a la base de los partidos en la selección de sus candidatos, debilitando así el principio constitucional de democracia interna en los partidos.
Las mismas razones que llevaron al legislador a limitar a un 20% la posibilidad de reservas de candidaturas aplica para limitar las alianzas y, si se entiende que para ello se requiere una modificación a la ley, debe colocarse este tema en la agenda legislativa de cara al futuro.
EL DERECHO DE LAS MUJERES A PARTICIPAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD
El sistema electoral dominicano había avanzado en torno a los derechos de las mujeres en la participación electoral cuando por sentencias Nos. TSE-085-2019 y TSE-091-2019 del Tribunal Superior Electoral y en la sentencia TC/04/20 del Tribunal Constitucional quedó establecido que la participación de la mujer que establece la ley (entre un 40% y un 60%), debía calcularse de cada demarcación electoral donde los partidos presentaren candidaturas plurinominales y nunca calculadas sobre la totalidad de la propuesta nacional para evitar que siguiera discriminándose a las mujeres colocándolas en las listas en las posiciones menos relevantes.
A pesar del avance, el Congreso Nacional aprobó la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, en cuyo artículo 142, estableció que dicha proporción debía calcularse sobre la propuesta nacional, desconociendo las sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, y el principio constitucional de que los derechos son progresivos.
Esta disposición legal inconstitucional fue objeto de una acción directa de inconstitucionalidad por parte de Elizabeth Mateo et al, de fecha 19 de abril de 2023 y de un amicus curiae de Radhive Pérez en fecha 23 de mayo de 2023, y otro del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Fundación Friederich Ebert, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de La Familia (PROFAMILIA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Además, la Procuraduría General de la República entregó su dictamen sobre el caso favoreciendo, como era de esperar, los derechos de las mujeres. En estos momentos se aguarda la decisión del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la Junta Central Electoral se ha adelantado al Tribunal Constitucional y ha dictado su resolución No. 12-2023, que establece la distribución de la proporción de género en las candidaturas plurinominales de diputaciones, regidurías y vocalías, del 8 de mayo de 2023, en la que expresa su decisión de no aplicar la nueva ley de régimen electoral, por lo que aplicará la proporción sobre cada demarcación electoral, y basa su “rebeldía” ante el Congreso en su obligación de respetar la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, que en palabras de la propia Constitución, “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
De todas formas, Participación Ciudadana estará dándole seguimiento a la decisión del Tribunal Constitucional y recomienda a los partidos políticos acogerse a lo ya decidido por los tribunales competentes y recientemente por la Junta Central Electoral, para evitar tener que estar rehaciendo el listado de sus candidaturas.
FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DR CONSECUENCIAS
Participación Ciudadana utilizará el mismo método que en procesos electorales anteriores, de observar el cumplimiento de la norma por parte de autoridades, partidos, candidatos y ciudadanía, sobre todo en la conformación y actividades de la figura de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que crea la nueva Ley de Régimen Electoral, consciente que sin la aplicación del régimen de consecuencias que prevé la ley, no hay forma de avanzar en garantizar elecciones en libertad y equidad, como manda la Constitución.
La Junta Central Electoral ha aprobado un Reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral, y además pone en funcionamiento la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones, con ocasión de las infracciones administrativas electorales y Medidas Cautelares, creando las condiciones para avanzar en la aplicación del régimen de consecuencias y reducir el régimen de impunidad que existe en el país en materia de violaciones electorales.
EL ALTO COSTO DE LAS ELECCIONES DOMINICANAS
La República Dominicana tiene el dudoso honor de tener uno de los procesos electorales más costosos del hemisferio. Esta medida se obtiene dividiendo el gasto total entre el número de votantes en el padrón, lo que nos debería obligar a limitar las precampañas y campañas electorales, como han hechos las leyes, así como a observar el gasto electoral de autoridades, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, los aspirantes, precandidatos, y candidatos e incluso la ciudadanía en general.
La forma más eficiente de incidir en el control del gasto electoral es restringiendo el tiempo y las actividades de la campaña y la precampaña y aplicando el principio constitucional de transparencia financiera que obliga a divulgar el origen de los ingresos que reciben los candidatos, precandidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero también a transparentar cómo se gastan los recursos por todos los actores del sistema electoral.
No se trata solo de reducir el gasto para hacer más equitativas las elecciones, sino además de prevenir que ingrese dinero sucio a las campañas y precampañas, así como identificar quiénes contribuyen buscando posteriormente un retorno sobre esa contribución, que es vista más como una inversión que en muchos casos es la semilla de la corrupción cuando los beneficiarios suben al poder y favorecen a sus financiadores.
La Junta Central Electoral está consciente de este serio problema y ha elevado de categoría la Unidad de Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que ahora es una dirección que tendrá carácter permanente y trabajará no solo en años electorales y preelectorales, como es lógico que ocurra, pues se entregan fondos públicos a los partidos cada año, sin discriminación.
Dentro del plan de observación electoral se dará seguimiento al cumplimiento del Calendario Electoral, uno de cuyos puntos venció el 30 de junio recién pasado, y es la obligación de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de entregar a la Junta Central Electoral un informe de sus ingresos y gastos.
Participación Ciudadana estará dándole seguimiento al cumplimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de sus obligaciones de transparentar sus ingresos y gastos, tanto frente a la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral, como frente a la ciudanía en general a través de la publicación en sus respectivas páginas web y la ley de libre acceso a la información pública. Es importante resaltar que evaluaremos la calidad de la información suministrada, a fin de cerciorarnos que contienen el nivel de detalles necesarios para identificar a los aportantes de una manera inequívoca.
EVITAR EL USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
El uso de los recursos del Estado en los procesos electorales se ha convertido en una costumbre que rompe con la equidad que debe primar en los procesos electorales y la mayoría de las veces se hace de forma encubierta. Es el caso del uso de cierta publicidad gubernamental que lo único que persigue es promover los precandidatos o candidatos oficialistas. Ya hemos denunciado hace poco tiempo la excesiva publicidad colocada en los medios por el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades públicas, con claro enfoque proselitista, sin ningún interés educativo, con la agravante de que el ministro de esa cartera es el Secretario Nacional de Organización del partido de gobierno.
Uno de los problemas que requiere solución es el hecho de que el máximo organismo de ejecución del PRM, la Dirección Ejecutiva, está integrada por personas que ocupan posiciones de alta relevancia en el gobierno, lo que los lleva usar parte de su tiempo laborable, que paga la ciudadanía con sus impuestos, en temas electorales, arrastrando a una parte de sus equipos en el gobierno a tareas incompatibles con sus funciones públicas. Una posible solución podría ser que estos altos funcionarios públicos, pidan licencia de sus obligaciones públicas para dedicarse, sin conflictos de intereses, a los trabajos electorales en sus partidos.
CONSEJO NACIONAL
06 de julio de 2023
bueno creo que la ley es la ley y muchos la han violado por q antes del dia 1 de junio ya promovian a candidatos como es el caso de abel que le ponia presidente. el llamado a inscribirse q hacia leonel no violo la ley ni lo del prm. alianza pais violo la ley
?ahora e’stos politico opositores esta’n dando el gritos de clemencia de los pasado gobierno de turno,?.. atacando al gobierno actual del p.r.m., el cual esta’ haciendo los correcto ha los ojos del pueblo, .cosa que ningun gobierno,pudo a’ hacer en su rol. ?y el pueblo alabas las obras que esta’ haciendo el incansable honorable presidente: luis rodolfo abinader corona, ep cual esta’ desnudando ha todos e’stos corruptos de las «mafias del p.l.d.,
oportunistas
una organizacion formada por parasitos oportunistas de la cosa publica, no tienen militancia pero quieren una cuota de todos los gobiernos formados por laoligarquia partidista
la usaid en acción vía la falsificación ciudadana, ustedes quieren un pais mejor formen un partido o doblen el lomo, se sabe de antemano que han logrado insertarse en todos los gobiernos solo haciendo esto que hacen siempre, lo peor es que le hacen caso.
aquí no hay estado, aquí manda el narcotrafico los funcionarios corruptos, los empresarios y banqueros ladrones y lavadores de dinero, a ellos responden los partidos políticos y la junta central electoral un organismo que es quien acepta todas esas basuras como candidatos y este desorden todos los años de personas que solo van al estado a robar.
sigan hablando más caballá..
dique criticando el uso de recursos del estado en campaña, dique que tienen que ****r licencias. jejejejjeje eso es ser descarados.
si por un milagro muy grande, estuvieran en buena posicion, no fuñeran con estos tema. eso es lo que se llama, preparando el escenario para tratar de hacer crisis cuando pierdan.
una cosa que jode,es todos los canales y emisoras,desde las 12.01 am hasta las ii.59pm.es con la **** politica,ese es el pan de cada dia.ya esto apesta.es politica 400 dias al anio,los malditos politicos y comentaristas no tienen otra cosa que hacer que no sea anunciar politicos.
esa ley se la pasan por el trasero funcionarios de todos los niveles, miembros de los partidos de oposición y no hay quien le ponga el cascabel al gato. si este partiducho se respetara y fuera imparcial debería someter a la justicia con nombres y apellidos a los que han violado dicha ley, pero no lo hará porque vive de eso, de simular que le interesa el país.
hay que darle acesos a’ las mujeres .como ente humano dentro de la sociedad,con igualadad de condiciones laborales, tanto ella,como el hombre,que es:»el excelso de, dios»..pero si tambien a’ la mujer ,hay que valorarla, pues es un ser sufridos en el mundo, y merece trato social.»un poco de prioridad en la efera social{
a este grupito de lacayos nadie le cree .se las pasan apollando la invacion haitiana y al gobierno .estos de ge ne ra dos _so son mas que los lame ****s de los gringos .es inutil que quieran engaÑar , todo el mundo save a quien responden .
en política también se aplica el pragmatismo. a veces es más conveniente y realista, dejar pasar algunas cosas no graves. aristoteles dijo que el hombre es un animal político y estoy seguro que se refería al ser humano, sin importar el género. a las mujeres hay que darle candidatura, aunque no estén en eso, sólo porque son mujeres? parece ilógico
la «suciedad servil» queriéndose erigir en conciencia nacional cuando son un vulgar grupo de traidores, agentes extranjeros, anti dominicanos y «fotuto» del empresariado.
asi es lo que pasa que los Últimos gobiernos han sido tan corruptos, que han formado toda esas organizaciones altamente corruptas tambiÉn, traidores a la patria y la mal llamada defensores de los derechos humanos que es lo menos que defienden y solo defienden el crimen a los delincuentes. desde que llegue un gobierno serio se van todas. asif quÉ pueblos se acercan los dÍas para votar por candidato que puedan defender el pais con dignidad y moral.
no leí el artículo, más estoy clara que en este país todo el que desea puede poner o formar un chinchorro, perdón un partido político. siempre hago la comparativa de los millones de habitantes de usa versus los 3 gatos que somos aquí, me pregunto, en caso que la jce no diera esa mesada tan jugosa a dichos kioscos ustedes creen que existirían tantos partidos políticos a sabienda que ellos tendrán que costearse la campaña y que no sacaran 1 voto.
debe leerte el espÍritu de las leyes de montesquieu. cada país se organiza según su propia realidad social , histórica y cultural.
vuelven las ongs vividores a darselas de serios y acusadores.los empleados de los gringos vestidos de sociedad civil. todos los puestos en en gobierno son de ellos, sobre todo aquellos que tienen que ver con con la haitianizacion del pais. por que nunca se refieren a eso? lo de los pasaportes dominicanos y gillbiert bigio?
y ahora fue que el movimiento civico no partidista vieron el desorden que estan haciendo en la jce, inmigracion, relaciones exteriores y el traidor de abinader. les estan dando documentos a ilegales de forma fraudulenta, usurpando nombres, datos e informacion de dominicanos, con fines electorales, pero como es a los mas pobres que estan jodiendo nadie dice nada. son traidores toditos.
entren to, co,,,Ñonarcotraficantes,atracadores,violadores,tecato,hijo de pu,,,ta
estos jinetes del apocalipsis, solo hablan dónde ellos pueden guisar, con cargos públicos, pero nunca van a defender a estás pobres mujeres que estos verdugos maridos las matan, los haitianos que matan dominicanos , los abusos de lo militares con los ciudadanos, las ventas en los lugares de, hooka, cigarros electrónicos, bapeo y todas esas ****s acabando con los jóvenes de infartos, trabajen ahí, buenos comes cheques, ya ustedes no impactan.
aqui hay que poner una leycontra ong pagadas que trabajanpara gobiernos extranjeros
nunca olvide cuales son las 3 ong que más daño le hacen a rd: fundacion institucionalidad y justicia (finjus), comision nacional derechos humanos (cndh), y participacion ciudadana (pc).
ellos y la marcha verde estan todos nombrados en este gobierno, ya a ellos nadie le cree ni le hace caso son falsantes.
ya los conoces cuál es el rol de ellos, lacayos de los organismos internacionales, y vienen con su mareo, ahí viene ranfis y el taliban o jodanse to