Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Rusia ataca tres puertos en el suroeste de Odesa, Ucrania
Gobierno de Venezuela reporta 4,118 muertos por terremotos
Líder supremo de Irán: «La venganza debe llevarse a cabo»
Presidente EEUU sospecha hay complot de Irán para asesinarlo
El monopolio del orden y la hipocresía colectiva
Un dominicano condenado a 20 años por matar a su esposa
Asesinan en su casa exministra británica Ann Widdecombe
Rusia lanza ataques grupales contra militares en Ucrania
Incoherencias de Mamdani (OPINION)
NY: Inauguran el Festival del Libro y la Cultura Dominicana
SANTO DOMINGO.- En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial este 21 de marzo, el Foro Feminista Magaly Pineda expresó su rechazo “a la negación de derechos desde el Estado Dominicano a la población dominicana de ascendencia haitiana”.
Exigió al Gobierno retomar el proceso para la regularización del estatus de personas que han quedado desprovistas de documentos de identidad, lo que impide el goce de sus derechos ciudadanos, según un comunicado.
Pidió a las autoridades completar el proceso de entrega de documentos de identidad a miles de personas que se acogieron al Plan de Regularización y recibieron un carné provisional a esos fines.
Dijo que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha significado una revocación de la nacionalidad de miles de personas nacidas en República Dominicana, la mayoría de ascendencia haitiana.
Señaló que la ley 169-14 de Naturalización ha sido “una trampa” y esa población sigue afectada por la violación a sus derechos a documentación y acceso a educación y salud.
Pidio a las autoridades realizar de oficio los trámites para la naturalización de todas las personas que se acogieron al Plan de Regularización y que les fue entregado un carné de residencia dominicana.
Denunció “la práctica inhumana de entrar a establecimientos de salud y sacar mujeres a punto de parir”.
“Un Estado que se presta para sacar mujeres de los hospitales y negarles la atención al parto es un estado criminal”, señaló.
cfl-am
