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SANTO DOMINGO.- A sesenta años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo (30 de mayo de 1961) sus propiedades siguen siendo centro de disputa.
En esta ocasión la «manzana de la discordia» es la Hacienda María, en Nigua, San Cristóbal, que fuera uno de los centros de recreación del dictador y donde en noviembre del 1961, su hijo Ramfis ejecutó a seis de los involucrados en el ajusticiamiento.
El diferendo lo mantienen el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), a quien le ha sido adjudicada esa propiedad, y la Alcaldía del Municipio de San Gregorio de Nigua.
En una rueda de prensa este martes Francisco Marte, presidente del gremio, calificó de «ilegal, grotesca y abusiva» la intención de esta alcaldía de apropiarse del área.
Denunció que «de una forma dictatorial, el alcalde Jorge Ortiz Carela ha irrumpido de forma ilegal a usar nuestras instalaciones”, dando un uso desconsiderado y abusivo del poder que le otorgaron los munícipes en las últimas elecciones.
«El funcionario edilicio ha querido dar un palo acechado al CODIA ocupando de forma ilegal, desconsiderada e inconsulta, algunas áreas de nuestro Centro de Convenciones, lo que repudiamos categóricamente”, expresó Marte en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.
“Desde hoy emprendemos acciones para la desocupación de las áreas tomadas por el alcalde de este inmueble otorgado al Codia desde el gobierno de Antonio Guzman Fernández, en 1978, y posteriormente ratificada dicha posición en enero del año 1999 y por el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez (2000-2004)”, advirtió.
«Queremos destacar y dejar claro ante la opinión pública y los pobladores de esta valiosa comunidad de Nigua que, como Colegio, nunca nos hemos opuesto a que la población utilice estos espacios, eso jamás», declaró.
Aclaró que «lo que sí pedimos, y en esto somos reiterativos, es que el uso debe ser de manera ordenada, organizada y cumpliendo con los procedimientos».