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Santo Domingo, 15 dic.- A 10 años de construida la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico, a un costo de 305 millones de dólares, vuelve a la palestra en Dominicana ese contrato.
El acuerdo por el cual se construyó la obra que une la capital dominicana con la provincia Samaná, suena desde hace rato en el país, sin que la justicia lo haya tomado en serio, y no porque no tuviera esa intención, aquí se recuerda como en una ocasión se trató de encauzarlo a los tribunales y la Corte Suprema lo impidió.
Los medios de prensa catalogan el contrato conocido como del Peaje Sombra, de leonino pues en nada benefició al país, todo lo contrario, lo ha hecho erogar mucha plata y aún falta, porque el mismo se firmó a 30 años, es decir de 2012 al 2044.
El periódico Listín Diario, en un reportaje sobre el caso, señaló que hasta el momento Dominicana desembolsó a la contraparte colombiana Autopista del Nordeste, S.A., aproximadamente 19 mil 95 millones de pesos (329,2 millones de dólares) como pago del peaje.
Y según el último informe del Sistema de Información de la Gestión Financiera, hasta el 2 de noviembre, el Estado pagó dos mil 676 millones de pesos (46 millones de dólares) correspondiente al 2020, siendo este el monto más alto de los años contabilizados, y aún faltan años por andar.
Pero el peaje sombra, como su nombre lo indica, es oscuro y turbio por la sencilla razón de que a la empresa constructora por tres décadas debe pagarse el total de los peajes cobrados en ambos trayectos de la autopista aunque no pasen los vehículos previstos, es decir, existe una cuantía mínima.
Sin embargo, los cálculos efectuados en su momento se quedaron por debajo en el flujo de vehículo y para colmo, en el lugar se cobra un peaje prohibitivo, causa de que el país tiene que cubrir el déficit de sus arcas.
Es un negocio donde la parte extranjera recuperó ampliamente su inversión y sigue recibiendo ingresos, mientras Dominicana lejos de ganar continúa en pérdida.
Sin dudas, el actuar de la Procuraduría General de la República, hizo que varios sectores resucitaran el caso en la confianza de que será enrutado y procesado por falta de claridad y funcionar en detrimento de la nación.
El acuerdo, firmado en los años en que gobernó Leonel Fernández, deberá esperar su turno porque no son pocos los procesos de corrupción en el tapete, pero parece le está llegando la hora.
of-am
