Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Piden activar el “Escudo de Las Américas” ante la crisis de Haití
Haití envía misión médica a Venezuela por los terremotos
Alertan impacto alza impuesto a los cheques y las transferencias
Reino Unido dona US$7,4 MM a Fuerza antibandas de Haití
Nombran en Haití a nuevo director general de Aduanas
Condenan empresario a pagar RD&47.7 MM por fraude eléctrico
Rusia prohíbe exportaciones de diésel tras los ataques refinerías
Cuba avanza en la restauración gradual de su sistema eléctrico
PUERTO RICO: Más de 180 mil abonados sin agua potable
México exige un desagravio a Ecuador y restablecer vínculo
SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, sugirió que la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, auxilie a la Cámara de Cuentas, verificando si el patrimonio declarado por funcionarios entrantes y salientes, se corresponde con el pago de las obligaciones tributarias.
Explicó que esa colaboración permitiría que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, organismo especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, conforme la Ley 311-14, pueda realizar una labor eficiente.
“La verificación del origen de los bienes declarados, muchos de ellos sin el debido soporte, debe comprender, las últimas declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y exfuncionarios, cruzando informaciones con Impuestos Internos, así como las últimas transacciones mobiliarias realizadas por los mismos”, dijo Evelyn De la Cruz García, presidente de la organización.
“Transacciones con vehículos de motor, productos financieros, acciones o cuotas sociales en los entes societarios que contempla la ley, incluyendo las Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, EIRL” agregó.
Dijo que desde la entrada en vigencia de la ley, el órgano responsable de su implementación, no ha dado señales de ser efectiva, llegando al extremo de revelar que más de tres mil servidores obligados, no presentaron declaración jurada, ni a la entrada al cargo ni a la salida.
“Ni que se haya procesado judicialmente, como establece la norma, así como la falta de comprobación de la licitud de los bienes declarados, lo que ha puesto en evidencia, la incapacidad del órgano del control externo del gasto de los fondos públicos, aumentando la percepción de la corrupción y falta de transparencia en la administración del Estado”. dijo De la Cruz García.
wj/am
