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SAN SALVADOR, 14 ago – La Fiscalía General de El Salvador presentó hoy cargos contra el expresidente Mauricio Funes y varios allegados por los actos de corrupción en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral.
Según los fiscales, los acusados desviaron más de 45 millones de dólares, con el presunto aval de Funes y tras un arreglo directo de la empresa italiana Astaldi y la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Además de Funes fueron imputados su esposa, Ada Mitchell Guzmán; el empresario Miguel Menéndez, alias «Mecafé», el expresidente de CEL, Leopoldo Samour, José Quinteros y Federico Pieragostini, representante de Astaldi.
Todos enfrentan cargos por delitos de cohecho, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas en el proyecto de El Chaparral, mediante un arreglo que dejaría más de tres millones de dólares en beneficio económico en empresas de Panamá.
El proyecto fue adjudicado bajo un contrato llave en mano fijando un precio que obligaba a la Sociedad Astaldi a no variar el monto de la obra y entregarla en mil 500 días, plazo nunca cumplido.
Dos exministros de Defensa detenidos en caso de armas
Por otra parte, los exministros salvadoreños de Defensa David Mungía Payés y Atilio Benítez fueron detenidos hoy por presuntas irregularidades en un canje de armas en mal estado.
La Fiscalía General de la República también ordenó el arresto de Gustavo López Davidson, expresidente del derechista partido Arena y titular de la empresa Centrum, que realizó en 2013 el polémico canje con la Fuerza Armada.
Según la acusación, el Ministerio de Defensa entregaría a Centrum 14 mil 930 armas de fuego, 27 mil 721 cargadores y nueve mil 800 repuestos para fusil G-3 en mal estado, todo valorado en dos millones 51 mil 893 dólares.
A cambio, la empresa daría dos obuses M-71, calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un «jack» de 20 toneladas y una engrasadora automática a presión.
La investigación indica que Defensa entregó armas nuevas, dos mil 670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
La denuncia
El actual ministro de Defensa, René Merino, hizo en noviembre pasado una denuncia verbal por el referido negocio, y luego presentó cargos por tráfico de armas, estafa, evasión fiscal, cohecho, falsedad material e ideológica.
La Fiscalía imputará delitos de peculado, actos arbitrarios, falsedad documental a los detenidos, algunos en calidad de cómplice necesario.
López Davidson alegó entonces que los obuses sí funcionaban, pero que el Ministerio de la Defensa no compró munición ni entrenó para usarlos.
Benítez ha sido señalado anteriormente por venta y legalización fraudulenta de armas, y este año la Cámara Primera de lo Penal lo envió a juicio por siete casos de comercio ilegal, depósito de armas, peculado, actos arbitrarios y estafa.
El general retirado Munguía Payés se encontraba bajo arresto domiciliar por el proceso penal de su papel en la tregua pactada entre las autoridades y las pandillas, en 2012.
jcm/cmv
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