Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
R. Dominicana afrontará otras dos semanas de calor extremo
RD avanza hacia mayor dependencia alimentaria externa (OPINION)
Zonas francas ofrecen gran oportunidad a RD, según WFZO
CHILE: Matan dominicano a balazos dentro de su domicilio
Abinader encabeza jornada de inauguraciones en Montecristi
¿Está en quiebra la economía de RD? (OPINION)
Llega vuelo humanitario con 50 dominicanos y 12 venezolanos
CHILE: Arrestan dominicano por asesinato pareja a puñaladas
El liderazgo político de RD y los valores democráticos
ETED instala subestación móvil Boca Chica, fortalecerá la red
Santo Domingo, 21 jul.- La defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, solicitó este martes a los diputados rechazar el proyecto de ley de agua, el cual fue aprobado en dos lecturas consecutivas por el Senado de la República el 9 de junio pasado.
Martínez Guante opinó en nota de prensa que esa iniciativa contiene disposiciones que autorizan la privatización del vital líquido, y que son violatorias de la Constitución.
En ese orden, la funcionaria dijo que envió una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho Cuevas, y a los demás legisladores, en la que advierte de que varias disposiciones de ese proyecto de ley vulneran los artículos 15, 37, 38, 61.1 y 147 de la Carta Magna, porque contemplan la concesión y privatización del agua.
Sostuvo que el suministro de agua es una obligación del Estado, y que es un servicio público que debe ser prestado atendiendo a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria, como manda el artículo 147 de la Constitución.
Consideró que a ese proyecto de ley hay que agregarle un programa de construcción de acueductos para distribuir agua potable a todos los barrios del país.
Recordó que el artículo 15 de la Carta Magna establece que, «el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación».EFE