“En el país hay una banda de alguaciles que con grupos de personas particulares hacen embargos express, porque no existía una ley regulatoria para evitar esas acciones”. Con esa introducción el periodista Ramón Pérez Reyes pone en blanco y negro en Listín Diario, el pasado sábado, la brutalidad que, amparado en la ‘legalidad’, se comete a diario en nuestro país.
Se refiere la nota periodística a la aprobación de una nueva ley que pretende ‘regular’ el uso de la ‘fuerza pública’ en que se amparan grupos de delincuentes, desalmados malandrines para asaltar, robar, maltratar, herir y hasta matar a sus víctimas, apoyados por alguaciles y abogados.
Son un grupo de ‘tígueres’ armados, con pistolas, escopetas, palos, dispuestos -y lo hacen- a agredir a cualquiera que se les interponga para ejecutar las ‘órdenes de embargo’, no pocas irregulares y/o ficticias.
Se reúnen, cual pandilla, en puntos públicos -uno de sus favoritos es el parqueo de una estación gasolinera en el polígono central- y ‘da gusto’ oír cómo organizan sus tropelías del día, antes de abordar vehículos y salir a realizar sus bellaquerías.
Fui testigo fortuito hace unas semanas de uno de esos ‘preparativos’. Le pregunté a un patrullero policial que estaba en el lugar, que quiénes eran esos hombres y simplemente me dijo: “Los muchachos que van a resolver en los embargos”.
Ojalá esa ley ‘posible’ sea promulgada por el Poder Ejecutivo, con la esperanza de que se pueda poner freno a muchas de las vagabunderías y barbaries de esas bandas de delincuentes ‘legales’.

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