Los plazos fatales que establece la Ley de Partidos para el proceso pre electoral, aumenta la presión sobre una sociedad enfocada en las votaciones del 2020, en febrero para elegir alcaldes y regidores y en mayo para legisladores, presidente y vicepresidente.
Las tensiones intestinas no son una novedad, aunque haya quienes crean que los líos en los partidos, entre políticos, que cada episodio que vivimos provocará una hecatombe en este proceso institucional y democrático.
La Constitución y las leyes dictan nuestra forma de convivencia. Amenazar, sembrar terror sobre la base de que la aplicación de las metodologías y normas provocarán el desorden, la anarquía, la dictadura, es un tremendismo.
Es el voto de las mayorías, en las urnas, el soberano que debe decidir el detino de la nación.
Soy de los que cree que nuestros políticos, nuestros gobernante, están imbuidos de buenas intenciones a favor de la sociedad, salvo, claro, determinados irracionales que codician el poder como forma de enriquecerse y de provocar un estado de sujeción sobre los demás.
Las rebatiñas mediáticas, acusaciones y contra acusaciones que azuzan renegados cobijados en denominadas ONGs, en la llamada sociedad civil y de bullangueros enquistados en medios de comunicación, es eso, pan y circo.
No sigamos siendo tontos útiles.
Lo que es innegociable es el respeto irrestricto de las leyes, de las normas establecidas y colocadas en manos de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
Un respeto, advertimos, que no se ruega, no se compra ni se impone. Se gana.

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