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Hoy, tocamos eventos y temas en el tapete, que deberán debatirse cuando se ventile el pacto fiscal entregando fondos a municipios e instituciones. La repartidera, papá, con presupuesto millonario.
Creo, resulta legítimo hacer una enmienda a la totalidad de un sistema de financiación que ha sido voluntariamente aceptado por quienes han tenido la responsabilidad de dirigir nuestro destino y dictar leyes.
El debate sobre el reparto de los recursos financieros es, con toda seguridad, el más común en todos los países donde existe, una distribución territorial del poder político.
Pero en Rep. Dominicana todos los Gobiernos han retenido ingresos fiscales para alimentar sus propios gastos e inversiones dejando sin el 10% de las recaudaciones que, por una ley olímpicamente ignorada, debe ir a las administraciones de municipios provinciales agravados porque los ámbitos de tributación que por naturaleza más corresponden a las alcaldías para su autosuficiencia, son dominados por la supremacía presidencial.
El injusto tratamiento al sector municipal ha dado pie a un rechazo multipartidario. Los ayuntamientos controlados por los principales partidos, incluyendo al oficialismo, se quejan y con razón.
Los sucesivos gobiernos capitalinos y provinciales se supeditan a lo que diga Palacio y lo que diga la Liga Municipal, no han sido firmantes sino generalmente los impulsores principales de reclamos, pero no pasa nada.
Soy del partido primero y de la comunidad, después, y debería ser al revés.
La participación en el 5% de la recaudación nacional, sin la Liga Municipal controlando, solo Cámara de Cuentas, con auditorías selectivas, podría ser una solución.
Fue en el año 2012, cuando se alcanzó un acuerdo unánime en torno a un modelo que se presentó como definitivo y que llevó a la retirada de todos los reclamos contenciosos jurídico-constitucionales que estaban pendientes de resolver.
Es innegable que cualquier criterio de equidad utilizado para establecer el nivel de redistribución más adecuado para una sociedad es susceptible de ser debatido en términos políticos. No existe una fórmula de justicia financiera irrefutable, todas son fruto del debate y del compromiso entre intereses confrontados.
Resulta menos legítimo, sin embargo, hacer una enmienda a la totalidad de margen detalles concretos de su aplicación, el modelo de financiación vigente arroja los saldos que se derivan de la existencia de impuestos iguales para todos los dominicanos con independencia de su lugar de residencia, servicios equivalentes y unas Comunidades que los administran con los recursos que libremente han recaudado.
Sólo una burda manipulación permite hablar de expolio para referirse a la situación actual.
Cuando se habla de dinero, los conceptos de igualdad y solidaridad, tan manoseados por el progresismo, exigen la previa definición del grupo humano sobre el que se predican: ¿igualdad de quiénes? ¿Solidaridad entre quienes?
Maniatar un ayuntamiento, sino comulga con la presidencia es una forma de extorsión.
¿Tienen fondos los ayuntamientos, bomberos y otras entidades para imprevistos como explosiones de gas, recientemente ocurridas? ?Existe una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y el Defensor del Pueblo, para darle seguimiento a los daños y perjuicios?
No y dudo, la tendrán.
of-am