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CARACAS.- Venezuela cuestionó las acusaciones contra un grupo de empresarios que provee alimentos a un programa creado por el presidente Nicolás Maduro ante la escasez, al considerarlas un «atropello» y un «intento de obstaculizar» los esfuerzos con los que el gobierno dice busca superar la crisis.
El programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), mediante el cual se venden alimentos subsidiados a los venezolanos, ha estado bajo investigación por denuncias de corrupción y especulación.
En México, el gobierno ordenó el jueves a un grupo de empresas y personas acusadas de especular con la venta de alimentos al gobierno de Venezuela a pagar 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En rueda de prensa, la Procuraduría General de México detalló que los involucrados buscaban “adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos” en Venezuela. Además de que los productos que venden son de mala calidad, exportados con sobreprecio y revendidos con hasta 112% mayor al costo real.
«Consideramos este atropello contra empresarios mexicanos uno más de los múltiples intentos de obstaculizar los denodados esfuerzos del gobierno bolivariano para derrotar la guerra económica contra nuestro pueblo», según un comunicado que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, subió la noche del viernes a su cuenta de Twitter.
«Venezuela repudia toda acción que directa o indirectamente persiga justificar el aumento de las medidas unilaterales y coercitivas contra nuestra economía, y en provocar un caos en nuestro país sobre la base de negarle a la población venezolana el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos», agregó.
Maduro lanzó en 2016 el programa CLAP, pero analistas y opositores aseguran ha sido utilizado como un mecanismo de control social, pues la población beneficiaria tiene que registrarse y cumplir con cierto requisitos.
Una gran parte de los alimentos y productos que son embalados en cajas, con los logos del CLAP, provienen de México.