Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública

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EL AUTOR es abogado con maestría en seguridad y defensa nacional.

En una ocasión, mientras me encontraba en una clase de la maestría de Seguridad y Defensa Nacional que imparte el Instituto Superior  para  la Defensa  (Insude),  al ilustre profesor Adriano  Silverio  le cuestioné sobre la diferencia de los conceptos Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública  y el por qué del uso recurrente del término seguridad ciudadana en el abordaje de especialistas y comunicadores cuando se hacía referencia a la inseguridad por la delincuencia en las calles del país.
Su respuesta fue que el uso de la noción seguridad ciudadana para referirse al combate a la criminalidad y la delincuencia callejera no era la correcta y que incluso el asambleísta del año 2010, cuando se refiere a la misión de la Policía Nacional en el artículo 255 de la Constitución,  debió agregar como otra de las misiones de esta institución  el  garantizar la seguridad pública , en razón de que el numeral primero del citado artículo establece como tarea suya salvaguardar la seguridad ciudadana, dejando entrever mi querido profesor la diferencia de ambos conceptos.
Decidí por mi cuenta investigar ambos conceptos acudiendo a la literatura de los entendidos en materia de seguridad tanto locales como extranjeros y en mis conclusiones establecí que el profesor Silverio tenía sobrada razón y en lo siguientes párrafos explico su atinada observación:
La seguridad ciudadana alude al goce o ejercicio de derechos fundamentales de las personas cómo lo son el derecho a la libertad de tránsito, libertad de reunión, el derecho a la integridad personal, el habeas data , etcétera.   Mientras que la seguridad pública procura proteger la población mediante mecanismos de prevención del delito y de procuración de justicia la integridad física y el patrimonio de las personas.
En ambas definiciones la Policía Nacional juega un rol preponderante ya que está en las calles salvaguardando la población de los desmanes de la criminalidad y velando por un ejercicio pleno de la población de esos derechos fundamentales.  El Ministerio Público por su parte interviene desde un ámbito más técnico procurando justicia al bien jurídico afectado.
sp-am
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