Defensora del Pueblo pide impedir donación Cueva de las Maravillas

La titular del Defensor del Pueblo hizo la solicitud en una comunicación que envió a los presidentes de esas organizaciones, al expresidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y José Ignacio Paliza, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Además, la funcionaria dirigió la comunicación a Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y a Federico Antún Batlle, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), entre otros.

Martínez le recordó a los presidentes de esos partidos que en virtud del artículo 13, numeral I, de la recién aprobada ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tienen la atribución de «defender la democracia, la Constitución y las leyes, la soberanía nacional y la independencia de la República, los derechos humanos, y la paz ciudadana».

En nota de prensa, la Defensora del Pueblo invocó el artículo 16 de la Constitución, que establece que las áreas protegidas tienen un carácter inalienable, por lo que no pueden ser vendidas, donadas, ni arrendadas.

Comunicó a los representantes de los partidos que el Defensor del Pueblo ha solicitado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una medida cautelar, a fin de que la Cámara de Diputados no incluya el conocimiento del acto de donación de esa área protegida a una fundación privada.

La medida cautelar fue solicitada con motivo de una acción en nulidad contra el acto de donación, mediante el cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) transfiere a título gratuito 10.401.518,39 metros cuadrados dentro de las parcelas 2, 7, 10, 12 y 13 del Distrito Catastral número 1 del municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís.

«Las mencionadas parcelas se encuentran dentro del «monumento natural río Cumayasa y Cueva de las Maravillas», cuyo estatus jurídicos de protección ambiental data del 3 de julio de 1996 por el decreto 233-96 del entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, así como su correspondiente zona de amortiguamiento», indicó Martínez Guante en la misiva dirigida a los presidentes de los principales partidos.

Mediante la acción de nulidad, el Defensor del Pueblo también pidió al TSA declarar inconstitucional el decreto 248-04, emitido el 22 de marzo de 2004, que fundamenta la operación en cuestión.

«Todos unidos podemos hacer un mejor país. El pueblo nos observa», señaló la defensora del pueblo en la misiva tramitada a los partidos.

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