La precampaña, la JCE y los partidos políticos

A nadie en sano juicio en la República Dominicana se le puede ocurrir la idea de regatearle a la Junta Central Electoral el derecho legítimo de organizar y regular los procesos  electorales y preelectorales que se realizan cada cuatro años por mandato Constitucional.

Es de todos sabido que la constitución le otorga poderes a la Junta Central Electoral para administrar los procesos electorales, pero al mismo tiempo la misma constitución establece que determinadas acciones deberán hacerse por lo que establezca una ley electoral que aún no se ha podido aprobar en el congreso nacional.

Lo que procede en esos casos es que la JCE convoque al Pleno de los Partidos Políticos y de común  acuerdo, como se ha hecho antes, se establezcan los límites de lo que se puede hacer y de lo  que no se puede hacer; pero de ahí a que la JCE se atribuya  el derecho de hacer prohibiciones ilegales hay un gran trecho que no se debe aceptar.

Es cierto que la mayoría de los Partidos Políticos y los Líderes Políticos se adelantan a los procesos electorales haciéndolos  más largos y al mismo tiempo más costosos, por lo que se requiere que la JCE haga las diligencias de lugar para que los Partidos hagan la precampaña sin tener que llegar a una campaña abierta.

Además la JCE debe cuidarse de que sus decisiones no se vean como que van dirigidas a detener a un determinado precandidato sino a garantizar una precampaña en el nivel en que le corresponde a los partidos  y que le conviene al país. Tampoco es necesario recurrir al autoritarismo de los viejos tiempos  ya que esa es una etapa superada en la sociedad dominicana.

La última decisión de la JCE de prohibir las manifestaciones políticas en esta precampaña luce a todas luces prejuiciada y en contra de determinada precandidatura, al mismo tiempo que abre un espacio para que se use la fuerza pública para reprimir el derecho legítimo que tiene el pueblo de manifestar sus simpatías hacia sus líderes preferidos en un proceso que ha de conducirnos a la escogencia de los candidatos para el proceso electoral del 2020.

Todavía hay tiempo para que la JCE en vez de insistir en la ilegalidad y la arbitrariedad proceda a convocar al Pleno de los Partidos Políticos para que se pongan de acuerdo sobre el manejo de esta precampaña que está llamada a ser la última que se realice antes de la aprobación de la Nueva Ley Electoral que cursa en el Congreso Nacional.

De esa manera tendremos una precampaña regulada y equitativa en la forma como los diferentes partidos y líderes políticos conduzcan y ejecuten sus estrategias de campaña con fines a ser los favorecidos con la preferencia del electorado con miras a las elecciones del 2020.

Esperemos que la sensatez se imponga en el Órgano regulador de las elecciones nacionales, congresuales y municipales de la Rep. Dominicana.