San Cristóbal, 4 ene.- El permiso otorgado por una jueza de República Dominicana a más de 50 presos por motivo de Navidad, entre ellos, condenados por asesinato y narcotráfico, mantiene enfrentado al poder Judicial y al Ministerio Público del país y ha generado hoy reacciones de rechazo y pedidos de «reformas judiciales».
La jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal (sur), Katherine Rubio Matos, se encuentra en la mira desde que el pasado fin de semana se diera a conocer que otorgó permiso a 57 presos para que pasaran el fin de año en sus hogares, una medida severamente cuestionada por la Procuraduría General, que logró la revocación de esta disposición.
Cuestionada por la prensa, la magistrada se limitó a decir que actuó «apegada a la ley y la Constitución».
La Procuraduría explicó que solicitó la suspensión inmediata de la decisión de la jueza, ante la peligrosidad y vulnerabilidad de cada uno de los beneficiados, tomando en cuenta los procesos por los cuales fueron condenados.
Algunos de los beneficiados con la decisión de la jueza Rubio Matos guardan prisión por un caso ocurrido en agosto de 2008 en la localidad sureña de Paya, donde siete colombianos fueron asesinados por asuntos relacionados con el narcotráfico.
La jueza también concedió permiso a exmiembros de la red que dirigía en el país el narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, lo que llamó la atención del Ministerio Público.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, informó este martes de que el tema está bajo investigación, mientras distintos sectores expresaron hoy preocupación por la situación.
En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados del país, Miguel Surún Hernández, consideró este miércoles urgente una «ola de reformas» en el sistema de justicia del país. EFE


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