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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El senador Adriano Sánchez Roa opinó que el pacto eléctrico debe consolidar la política del presidente Danilo Medina y fortalecer las instituciones que llevan trabajan con los sectores más desprotegidos.
Citó la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS), ya que aún el 8% del país carece del tendido eléctrico. «La UERS con su extraordinaria labor no debe desaparecer como plantean sectores privados, pues es una entidad que encaja dentro de la política contra la pobreza que exitosamente ejecuta el gobierno», expuso.
Dijo que esa entidad lleva el tendido y garantiza el mantenimiento a sectores sociales donde no van los entes comerciales cuyo único interés es la ganancia y ahora tiene un plan agresivo para el cuatrienio 2016-2020 de extender la energía a 1,819 viviendas, donde pernoctan 9,095 personas pobres alejadas de toda civilización y del desarrollo.
Puso como ejemplo la región fronteriza donde todavía alrededor del 30% e importantes barrios sub-urbanos carecen del tendido eléctrico, pese tenerse la posibilidad de ser electrificado totalmente, “por eso hay que destacar la estrategia eléctrica del Presidente Medina de crear la capacidad de generación suficiente y en control del Estado”.
«Entonces si partimos de que el Presidente Danilo Medina persigue disminuir la tarifa a los consumidores y reducir el elevado subsidio del gobierno, y de que todos los dominicanos disfruten de esa energía, la UERS tiene que seguir siendo un canal de soluciones, como lo ha sido», dijo.
Reveló que varios senadores han elogiado la labor de la directora de la UERS, licenciada Thelma Eusebio, pues son testigos de muchas soluciones eléctricas en apartadas comunidades rurales y barriales, donde miles de familias ya pueden usar una computadora, ver un televisor, estudiar de noche y ser parte real del mundo actual.
Sánchez Roa es autor de un Proyecto de ley que buscaba eliminar todos los contratos de generación, lesivos a los consumidores y al Estado, pero ante la nueva estrategia eléctrica del gobierno, el legislador fronterizo optó por esperar, esperanzado de que se supriman los perjuicios al Estado y los consumidores.
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