Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Rotura tubería inunda casas y causa daños en zona del Cibao
COREA: Jong Un critica a Seúl por construir submarino nuclear
China acusa EEUU distorsionar su política defensiva en Asia
BRASIL: Bolsonaro reafirma a su hijo candidato a presidenciales
HONDURAS: Nasralla dice «no acepta» victoria electoral Asfura
Rusia acusa a EE.UU de intentar “desestabilizar” a Venezuela
Dominicano Edarlyn Reyes se destaca en el fútbol de Rusia
COE reporta otros 6 muertos, 30 heridos y 63 accidentes tránsito
En mensaje, Trump fustiga la «escoria de la izquierda radical»
Banco Ademi y Symbiotics movilizan RD$1,007 millones
Decisión inoportuna
Comprendemos que la exoneración de impuestos a las compras por internet, dado el volumen que ya alcanza, al tiempo de convertirse en una competencia desleal para comercio formal, también impide que el gobierno reciba ingresos, que bien pueden mejorar sus recaudaciones para garantizar un mejor desempeño en las inversiones públicas demandadas por la población. Se entiende también el argumento de que este tipo de exoneración se convierte en un privilegio para la clase media y alta que son las que tienen acceso al comercio electrónico por cuanto son las que manejan el poder de compra que otorgan las tarjetas de crédito, favor del que no gozan los segmentos más pobres del país y que constituyen las amplias mayorías. En la mayoría de las naciones de la región centro y sur americana, este tipo de compras tiene que pagar el IVA, que equivalente al ITBIS nuestro, por lo que al aplicarlo en nuestro país, no se estaría haciendo nada del otro mundo en comparación con nuestro entorno. Pese a todo lo anterior la decisión de la dirección general de aduanas para aplicar el 18% de impuestos a las compras que se realizan por internet, menores de doscientos dólares, resulta inoportuna debido a la gran cantidad de personas que afecta. En conclusión la medida carece de tacto político, pues pone al gobierno a confrontar con una amplia franja de la población, que además tiene capacidad de opinión y poder electoral destructivo. Imponer una medida de esta naturaleza requerirá esperar un momento donde la opinión pública pueda ser simbolizada al respeto y dentro de un espectro de alcance más amplio.
