Seis años después: entre las realizaciones y alto costo de la vida

Seis años después de la llegada de Luis Abinader al poder, la República Dominicana presenta una realidad mucho más compleja que la que dibujaba el discurso político de 2020. El Gobierno puede exhibir realizaciones importantes en infraestructura, transporte, inversión pública y estabilidad macroeconómica, pero también enfrenta problemas estructurales que permanecen sin resolver y, sobre todo, una creciente presión sobre las finanzas públicas.

Por eso, el balance de estos seis años no debería hacerse desde la propaganda oficial ni desde la oposición absoluta. Debe hacerse mirando los resultados, los números y la calidad de las políticas públicas.

La economía dominicana creció 5.0 % en 2024, pero el crecimiento se desaceleró considerablemente hasta 2.1 % en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 se observa una recuperación, con un crecimiento acumulado del IMAE de 4.5 %. Es una señal positiva, pero todavía insuficiente para concluir que los problemas estructurales de la economía han sido superados.

El presupuesto: más ingresos, pero también más gastos. Uno de los mejores instrumentos para evaluar una administración pública es observar qué hace con los recursos que recibe de los ciudadanos.

Las cifras de ejecución presupuestaria muestran una realidad que merece atención. En 2024, el Gobierno Central recibió ingresos por aproximadamente RD$1,214.9 mil millones y ejecutó gastos por RD$1,446.5 mil millones, produciendo un déficit fiscal de RD$231.6 mil millones, equivalente al 3.1 % del PIB. En 2025 los ingresos aumentaron a RD$1,248.2 mil millones, un crecimiento de apenas 2.7 %. Sin embargo, los gastos ascendieron a RD$1,521.6 mil millones, un incremento de 5.2 %. El resultado fue un déficit de RD$273.4 mil millones, aproximadamente 18 % superior al de 2024.

El problema es que una mayor inversión pública pierde parte de su efecto cuando se produce simultáneamente un aumento más acelerado del gasto total y del déficit fiscal. El verdadero desafío no consiste simplemente en gastar más, sino en gastar mejor, elevar la productividad del gasto y lograr que la inversión pública produzca crecimiento económico y bienestar duradero.

El dm 2026 el problema fiscal continúa. Los datos disponibles hasta el 25 de septiembre de 2026 muestran que el problema no ha desaparecido. En lo que va del año, los ingresos acumulados del Gobierno Central alcanzaban aproximadamente RD$966.3 mil millones, mientras los gastos llegaban a RD$1,176.4 mil millones. Esto representa una diferencia negativa cercana a RD$210 mil millones.

El Presupuesto General del Estado de 2026 había previsto ingresos por RD$1,342.3 mil millones y gastos por RD$1,622.8 mil millones. De este último monto, RD$1,407.5 mil millones correspondían a gastos corrientes y apenas RD$215.3 mil millones a gastos de capital.La estructura resulta reveladora: cerca del 87 % del gasto presupuestado es corriente.

Esto plantea una pregunta que el Gobierno y la sociedad dominicana tendrán que responder: ¿cuánto espacio fiscal quedará en los próximos años para invertir en infraestructura, educación, salud, seguridad, agua, transporte y desarrollo productivo si la mayor parte de los ingresos públicos está comprometida en gastos corrientes, transferencias, remuneraciones e intereses de la deuda?

La deuda y los intereses son una preocupación creciente. Uno de los componentes que más presión ejerce sobre el presupuesto es el servicio de la deuda. En 2025, los intereses de la deuda pública devengados alcanzaron aproximadamente RD$275.6 mil millones, representando 21 % del gasto corriente. Cada peso destinado al pago de intereses es un peso que no puede utilizarse directamente para construir una escuela, mejorar un hospital, ampliar un sistema de transporte o fortalecer la seguridad ciudadana.

No significa que endeudarse sea necesariamente negativo. El endeudamiento puede ser razonable cuando financia inversiones productivas capaces de generar crecimiento futuro. El problema aparece cuando la deuda sirve crecientemente para financiar gastos que no generan activos ni aumentan la capacidad productiva del país.

El Caso SeNaSa fue una advertencia sobre la gestión pública. La situación del Seguro Nacional de Salud constituye un ejemplo de los retos que enfrenta el Estado: enfrentar la corrupcion. No sería correcto afirmar simplemente que SeNaSa está “quebrada”. La propia institución informó sobre un déficit acumulado cercano a RD$14,700 millones y que durante 2025 logró reducirlo aproximadamente en RD$1,034 millones. Posteriormente reportó un resultado preliminar positivo de RD$1,283 millones durante el primer trimestre de 2026. Este ejemplo demuestra que se puede.

Estos avances deben reconocerse. Pero también dejan una pregunta fundamental: ¿cómo llegó una institución pública de tanta importancia social a acumular semejante desequilibrio financiero y debilidades en sus sistemas de información y control?

La respuesta no puede limitarse a señalar administraciones anteriores. El Estado necesita instituciones capaces de detectar los problemas antes de que se conviertan en crisis.

Las necesidades sociales continúan mientras se discuten grandes proyectos, el ciudadano común sigue enfrentando problemas cotidianos: alto costo de los alimentos, transporte, seguridad, calidad de los servicios públicos, acceso oportuno a la salud, educación y electricidad.

El crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Una economía puede crecer y, al mismo tiempo, mantener importantes niveles de desigualdad y servicios públicos deficientes. Por eso la evaluación de un Gobierno no puede reducirse al crecimiento del PIB, las reservas internacionales o la llegada de inversión extranjera. La verdadera pregunta es cuánto de ese crecimiento se transforma en mejor calidad de vida para la población.

La República Dominicana necesita menos gasto improductivo y más inversión; menos improvisación y más planificación; menos confrontación política y más capacidad de concertación.También necesita enfrentar con seriedad el problema migratorio, pero sin utilizarlo como explicación universal de las deficiencias del Estado. Haití representa un desafío real para la República Dominicana, particularmente en materia de migración, seguridad y servicios públicos, pero una política migratoria efectiva no puede sustituir una política nacional de desarrollo.

Después de seis años, el balance del Gobierno de Luis Abinader no puede ser presentado ni como un fracaso absoluto ni como una transformación completa del país. Hay realizaciones que deben reconocerse: estabilidad macroeconómica, crecimiento acumulado, recuperación de la inversión pública, obras de infraestructura, expansión de determinados servicios y esfuerzos de modernización institucional. Pero también existen señales que deben preocupar: la desaceleración económica de 2025, el crecimiento del gasto corriente, el aumento del déficit entre 2024 y 2025, 2026, el peso creciente de los intereses de la deuda y una estructura presupuestaria cada vez más rígida.

Los números cuentan una historia que no puede ser ignorada.En 2024 el Gobierno gastó RD$1.45 billones; en 2025, RD$1.52 billones; y al 25 de septiembre de 2026 ya había ejecutado aproximadamente RD$1.18 billones. Mientras tanto, los ingresos no han crecido al mismo ritmo que las necesidades de gasto. Por eso, la gran discusión nacional ya no debería ser solamente cuánto dinero recauda el Gobierno, sino qué resultados obtiene la sociedad por cada peso que recauda.

El país no necesita un Estado que simplemente gaste más. Necesita un Estado que administre mejor. Seis años después de aquel agosto de 2020, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, pero también tiene derecho a conocer las cifras. Porque en democracia, la rendición de cuentas no consiste solamente en anunciar obras y programas. Consiste en demostrar cuánto costaron, qué resultados produjeron y si realmente cambiaron la vida de los ciudadanos.

El tiempo de las promesas está pasando. Ahora corresponde evaluar los resultados.Y el verdadero juicio de la historia no lo determinará el discurso del Gobierno ni el de sus opositores. Lo determinarán los hechos, las cifras y la capacidad del Estado dominicano para convertir los recursos públicos en bienestar, desarrollo y oportunidades para todos.

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